El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha marcado el inicio de la actividad legislativa del año con un compromiso solemne ante el pleno del Congreso de los Diputados. En su primera comparecencia parlamentaria del ciclo, el mandatario aseguró que el Estado en su conjunto hará todo lo que esté en su mano para establecer las causas de los siniestros y, de ser procedente, hacer justicia por las 47 víctimas fatales registradas durante el mes de enero.
La intervención presidencial se produce en el marco de las investigaciones iniciadas por dos accidentes ferroviarios que han conmocionado a la opinión pública: el primero ocurrido en Adamuz (Córdoba), que resultó en una tragedia de gran magnitud con 46 muertos y 126 heridos, y el segundo en Gelida (Barcelona), donde se registró una víctima fatal. Ante este escenario de luto nacional, Sánchez garantizó que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse en el futuro.
El debate por la seguridad y la inversión
A pesar de la gravedad de los accidentes, el presidente realizó una defensa técnica de la infraestructura nacional al sostener que el sistema ferroviario español es seguro, aunque reconoció explícitamente que no es un sistema perfecto. Sin embargo, la discusión derivó rápidamente en una confrontación de datos sobre la financiación y las responsabilidades políticas relativas al estado de mantenimiento de las vías férreas.
El mandatario denunció una fuerte desinversión en infraestructura ferroviaria que, según su análisis, ocurrió de manera sistemática entre los años 2012 y 2018 bajo administraciones anteriores. De acuerdo con las cifras expuestas por Sánchez ante el pleno, la inversión se redujo a la mitad durante dicho periodo, mientras que en la actualidad España invierte casi el triple en el sector para revertir aquel deterioro.
Tensión política y pedidos de renuncia
El clima de la sesión parlamentaria estuvo marcado por una creciente polarización y una fuerte tensión política, elementos alimentados por el contexto de recientes procesos electorales regionales. La oposición, encabezada por el Partido Popular (PP), no tardó en cuestionar severamente la gestión de la seguridad pública y el mantenimiento de la red de transportes nacional tras haber solicitado la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, lanzó duras críticas hacia la administración central al acusar al Gobierno de haber jugado a la "ruleta rusa" con la seguridad de los ciudadanos españoles. Bajo la premisa de que los siniestros ocurridos en Andalucía y Cataluña eran accidentes evitables, el bloque opositor volvió a exigir formalmente la dimisión inmediata de Óscar Puente, ministro de Transportes, sumando una presión política asfixiante a una crisis que ahora se dirime tanto en los peritajes técnicos como en el recinto del Congreso.
