Una mujer argentina fue detenida el pasado 10 de agosto en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, cuando intentaba ingresar a Japón con más de un kilo de cocaína oculto en su cuerpo.
Las autoridades aduaneras sospecharon de su comportamiento y dispusieron un examen radiológico que confirmó que transportaba la droga en el estómago.
La detenida fue identificada como Rosa Micaela Quipildor, de 30 años, quien había llegado a Japón procedente del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Durante el interrogatorio, admitió que llevaba estupefacientes y aseguró que le habían prometido 7.000 euros a cambio de realizar el traslado.
Según su relato, conoció a una mujer durante un festival en Argentina que le propuso participar de la maniobra y posteriormente la presentó con un hombre. Los paquetes fueron recibidos en Brasil, donde Quipildor habría ingerido las cápsulas antes de comenzar el viaje.
Los funcionarios de aduana la trasladaron a un hospital, donde una radiografía permitió detectar 101 cápsulas con doble envoltorio de plástico y un material negro similar al caucho.
El valor estimado de la droga en el mercado informal japonés asciende a 24,24 millones de yenes, equivalentes a más de 150.000 dólares.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio intervino en la investigación y busca determinar si detrás del traslado existe una organización internacional de contrabando con sede en Sudamérica.
La mujer ya tenía antecedentes
Quipildor tiene tres hijos y domicilio en el barrio de Flores, en el asentamiento 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja para una empresa de limpieza y ya había enfrentado una causa relacionada con el tráfico de estupefacientes.
En 2022 fue condenada a tres años de prisión en suspenso por haber intentado, en tres oportunidades durante 2021, sacar cocaína del país mediante encomiendas postales con destino a Asia.
En el primero de esos episodios, intentó enviar 388,42 gramos de cocaína a Bangkok, Tailandia, a través de una sucursal de FedEx ubicada sobre avenida Corrientes.
En los otros dos casos utilizó la empresa DHL Express, desde una sucursal de la calle Senillosa. En esas ocasiones intentó enviar 532,52 gramos y 440 gramos de cocaína, ambos cargamentos con destino a Malasia.
En aquella causa, Quipildor reconoció su responsabilidad mediante un juicio abreviado. Recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, inferior al mínimo previsto por la legislación.
El tribunal tuvo en cuenta su situación de vulnerabilidad. En ese momento tenía 26 años, era madre adolescente de tres hijos menores y vivía en condiciones de precariedad. Además, subsistía mediante planes sociales, asignaciones familiares y asistencia de comedores comunitarios.
El juez declaró la inconstitucionalidad del mínimo de pena establecido en el Código Aduanero, al considerar que una condena efectiva habría resultado desproporcionada. También entendió que la mujer había sido captada por una organización que se aprovechó de sus carencias socioeconómicas y de una historia marcada por la exclusión y la violencia de género.
La sentencia estableció el cumplimiento de pautas de conducta durante tres años, bajo supervisión de la Dirección de Asistencia de Ejecución Penal.
