La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, decidirá este lunes si concede a la Argentina la suspensión de la entrega de acciones de YPF, medida dispuesta para garantizar el cumplimiento de una sentencia por 16.000 millones de dólares que ya asciende a US$17.750 millones con intereses por la expropiación de la petrolera en 2012.

La magistrada informó por escrito a las partes involucradas —la Argentina y los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo— que resolverá sobre el pedido del Gobierno para que se postergue la entrega de las acciones mientras avanza la apelación. Si la suspensión es concedida, el país evitaría posibles sanciones por incumplimiento durante ese lapso.

El viernes pasado, Preska otorgó tres días adicionales para que las partes eleven el caso a la Corte de Apelaciones. La Argentina se anticipó y presentó su apelación el jueves pasado, en previsión de un posible fallo adverso.

La fecha límite para entregar los papeles de YPF en custodia era este lunes, aunque la jueza no decidirá aún si revierte o mantiene la orden del 30 de junio. Solo se pronunciará sobre la suspensión solicitada por el Gobierno. "Si la suspende, los beneficiarios no podrán ejecutar la sentencia mientras dure la apelación", explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

En paralelo, la jueza convocó a una audiencia para el martes 15 de julio, con el objetivo de resolver el conflicto en torno a la entrega de información sobre empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central. Los demandantes sostienen que estas entidades son "alter ego" del Estado y buscan avanzar sobre sus activos.

Los argumentos del Gobierno para evitar la entrega

En sus presentaciones judiciales, Argentina sostiene que la orden de Preska contradice la ley de expropiación de YPF, que exige aprobación del Congreso —con mayoría de dos tercios— para cualquier traspaso accionario del Estado.

También advierte que el traspaso tendría consecuencias irreversibles, ya que los fondos demandantes manifestaron su intención de vender las acciones apenas las reciban. Esto, señala el Gobierno, invalidaría cualquier reversión del fallo si la apelación prospera.

Además, el país alertó sobre un "daño irreparable a su soberanía" y argumentó que se lo forzaría a "cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos".

Contexto del juicio por la expropiación de YPF

El 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina por la expropiación del 51% de YPF realizada en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner. El reclamo fue impulsado por los fondos Burford y Eton Park, que habían adquirido los derechos de litigio del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de la petrolera al momento de la estatización.

La base del juicio fue que el Estado nacional no ofreció una oferta pública de adquisición a los restantes accionistas, como exigía el estatuto de la empresa, tras negociar y pagar con bonos a Repsol.

Desde el fallo de 2023, el Gobierno apeló la sentencia. Sin embargo, al no avanzar con un pago ni proponer una solución negociada, los demandantes intensificaron su presión, solicitando embargos e intentando ejecutar la sentencia con acciones de YPF en poder del Estado.

Esta estrategia ya motivó otros reclamos de acreedores que buscan cobrar sus juicios contra la Argentina con activos de la petrolera.

El presidente Javier Milei se refirió al fallo la semana pasada: "No tiene aplicación porque viola la ley argentina. Para ejecutarlo debería haber una ley del Congreso con dos tercios. No va a ocurrir".