Tal como lo había publicado en exclusiva este diario en su edición del 9 de julio pasado, el tribunal de la Cámara de Apelaciones para intervenir en la causa de los exmagistrados Da Pra y Morales, sospechados de haber cobrado una coima para favorecer a un detenido en el penal, quedó conformado. El tercer juez es del fuero civil y ayer fue notificado, tras reanudarse la feria judicial.
Voceros de la causa informaron a LA UNIÓN que, durante la mañana de ayer, el juez Pablo Fernando Sosa Guzmán, quien se desempeña desde el año 2017 -pero fue confirmado en el cargo un año después- como juez de Primera Instancia en lo Civil de Primera Nominación con asiento en Capital, aceptó el cargo de tercer juez en el tribunal que, desde septiembre del año pasado, no podía conformarse ya que, tanto los jueces de las Cámaras Penales de Adulto, de los juzgados correccionales y de los juzgados de Control de Garantías se inhibieron algunos por amistad manifiesta y violencia moral para con los imputados.
En el mes de septiembre, la orden de subrogante legal llegó al juez correccional N° 2 Chayle Costilla y a los jueces de la Cámara Criminal Penal Juvenil, Dres. Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, quienes aceptaron el cargo, quedando conformado el tribunal.
Sin embargo, la audiencia nunca pudo concretarse ya que, por razones personales, el presidente del tribunal, Chayle Costilla, salió de licencia sin retomar nuevamente sus funciones. Días previos al inicio de la feria judicial, el juez decano, Rodrigo Morabito, asumió la presidencia y corrió vista a los jueces civiles para confirmar el tribunal lo que, finalmente, se materializó ayer.
Ahora, con el tribunal integrado, se deberá notificar a las partes y en el caso de que ninguna de ellas se oponga a la designación de Guzmán como tercer juez, el tribunal podrá ya fijar la fecha para la audiencia en donde deberán resolver si es la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo del Dr. Barros, quien debe llevar adelante la investigación en contra de los funcionarios por el supuesto delito de cohecho pasivo o el Juzgado de Control de Garantías.
Cabe recordar que, hace trece meses, LA UNIÓN, en su página digital, publicó en exclusiva un vídeo en el cual se observa supuestamente a los exfuncionarios Morales y Da Pra recibiendo una parte del dinero en el despacho de este último, nombrado en concepto de coima para obtener la votación favorable de estos y que un detenido del servicio penitenciario con prisión preventiva recupere la libertad.
La denuncia de la supuesta coima fue presentada por la secretaria penal de la Corte de Justicia para su investigación. En paralelo, los exmagistrados iban a ser sometidos al Jury de Enjuiciamiento, pero renunciaron a sus cargos.
