Tal como ocurrió en la Justicia provincial, los planteos de los abogados defensores de los internos detenidos y/o condenados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, llegaron  también a los jueces del Tribunal Oral Federal. Actualmente, en el Penal de Miraflores, se encuentran alojados un total de 70 internos federales, muchos de los cuales cuentan ya con condena firme. 
En diálogo con LA UNIÓN, el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Dr. Juan Carlos Reynaga, indicó que, hasta el momento, fueron diez los pedidos de los internos a su cargo que les solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Los abogados defensores argumentan en los planteos alguna enfermedad y suman el riesgo al contagio del Covid-19 para pedir el beneficio de la detención domiciliaria”.  
Agregando: “Hasta ahora, se ha negado en todos los casos, porque entendemos nosotros, digo nosotros porque hay casos en los que resuelvo junto a mi colega, el Dr. Enrique Lijjedal, y en otro personal, más allá del peligro general para ver si una persona que está en riesgo de contraer una enfermedad, necesitamos un peligro concreto y teniendo en cuenta que en Catamarca no tenemos contagiados, es decir, al no haber Covid, resolvemos por la negativa de otorgar el beneficio de esa modalidad de prisión.  Analizamos cada caso en particular  y no hay duda que si esto ocurre mas adelante, es decir, si se detecta un caso de Covid-19, se podría tomar otra medida. El hacinamiento carcelario es muy común en otras provincias como Capital Federal o provincia de Buenos Aires, donde hay 14 mil federales, otorgándose en estos últimos días 200 casos de prisión domiciliaria. En nuestra cárcel, la capacidad es para una población de 500 internos. Está casi completa, pero a disposición de la Justicia Federal, hay solo 70 internos”. 

Realidades distintas 
Días atrás, la Cámara de Casación Federal Nacional emitió un fallo en el marco de la prevención al contagio de la epidemia del Covid-19, donde aconsejó a los jueces a tener en cuenta esto del Covid-19 y pensar en descomprimir el penal. Sin embargo, en la jornada del martes, un juez de la provincia de Buenos Aires dijo que era inconstitucional y que este tribunal, radicado en Buenos Aires -quien es el órgano encargado de revisar las sentencias dictadaS por los Tribunales Federales del país-, no puede dar criterios en causa concreta.  
Consultado en relación a ello, el presidente del Tribunal Oral Federal de la provincia explicó: “Cada juez es el que tiene que resolver con el sentido común, siempre con la aplicación de la ley en el caso concreto. Depende de la situación etimológica de la provincia el criterio a adoptar. Se analiza caso por caso porque puede haber personas que tengan una enfermedad o dolencia que no puedan ser tratadas en la cárcel. En esos casos, se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no por el Covid-19”.  

Histórico 
Por otro lado, el magistrado comentó que “el día martes, mantuvimos una reunión por videoconferencia con los jueces federales de todo el país, donde se habló de los criterios para otorgar o no la prisión domiciliaria por el Covid-19. Pero como cada realidad provincial tiene su característica, no se logró unificar un criterio común.  Entendemos que hay que analizar caso por caso y ante el riesgo en la salud o en la vida de algún interno, tomar la medida que corresponda”. 
Otro tema que también se abordó en la videoconferencia fue la realización del juicio del pasado lunes, donde se dictó la primera condena por videoconferencia a un imputado por el transporte de estupefacientes. “Fue el primer juicio que se realizó bajo esta modalidad en el país. Se trató de un juicio abreviado y acordaron pena y modalidad domiciliaria para el condenado, de apellido Claro, a 4 años de cárcel, pero no por el Covid, asignándosele una tobillera electrónica para su monitoreo”. 
Finalmente, consultado sobre las tobilleras electrónicas, el juez indicó que, actualmente, la Justicia Federal tiene a cinco internos monitoreados bajo esta modalidad, pero ninguno por Covid-19.