El avance hacia el juicio oral del gendarme Héctor Jesús Guerrero, de 30 años, marca un punto crítico en una causa que pone bajo escrutinio el uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad en contextos de protesta social. La decisión fue tomada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, quien resolvió que el cabo primero deberá responder por delitos de extrema gravedad.
Según la imputación, Guerrero enfrentará cargos por "lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función" en su carácter de miembro de una fuerza de seguridad, junto con abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades. La calificación penal no solo describe la magnitud del daño causado, sino que también subraya la responsabilidad institucional derivada de su rol.
El episodio: seis disparos y una vida devastada
Los hechos se remontan al 12 de marzo de 2025, durante una marcha en defensa de los jubilados que derivó en disturbios y en un operativo de seguridad desplegado en la zona. Fue en ese contexto donde el fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo resultó gravemente herido.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, entre las 17:05 y las 17:25, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases marca "FM". Uno de esos disparos, realizado a las 17:18, impactó directamente en la cabeza de Grillo.
Las consecuencias fueron devastadoras:
- Fractura de cráneo
- Pérdida de masa encefálica
- Internación durante varios meses
- Deterioro de funciones cognitivas y comunicativas
- Posibles secuelas neurológicas permanentes
- Incapacidad laboral prolongada
El fiscal Taiano fue contundente al señalar que el accionar del gendarme "representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes", además de causar lesiones gravísimas al reportero gráfico.
Peritajes y reconstrucción: disparos sin justificación
Uno de los ejes centrales de la investigación radica en los informes periciales y el análisis técnico del uso del arma. Según se estableció:
- Guerrero disparó sin que existiera un contexto de agresión
- Los disparos fueron realizados de forma antirreglamentaria
- Se efectuaron en ángulo horizontal, lo cual está prohibido
- La acción se produjo desde la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís
- Los disparos se dirigieron hacia manifestantes que no constituían amenaza
La fiscalía concluyó que los efectivos involucrados actuaron de manera "desproporcionada e irracional", lo que agrava la responsabilidad individual del acusado.
La responsabilidad profesional bajo la lupa
Un aspecto clave en la resolución es la evaluación del nivel de formación del imputado. Según el expediente, Guerrero contaba con:
- Capacitación específica en el uso del arma
- Conocimiento del manual técnico correspondiente
- Formación en normas que regulan el uso de la fuerza
Pese a ello, la fiscalía remarcó que el gendarme "ejerció las potestades conferidas debido a su cargo de manera abusiva", al disparar contra personas que no representaban peligro alguno, incluyendo a un trabajador de prensa.
Este punto resulta central, ya que no se trata de un error por desconocimiento, sino de una conducta que, según la acusación, implicó una violación consciente de los protocolos establecidos.
Consecuencias humanas y judiciales
El caso no solo expone una presunta conducta delictiva, sino también el impacto irreversible sobre la vida de la víctima. Pablo Grillo, tras meses de internación, enfrenta un presente marcado por limitaciones severas en su capacidad cognitiva y comunicativa, con un pronóstico que advierte posibles secuelas permanentes.
En paralelo, el avance hacia el juicio oral abre una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades. La causa se convierte así en un caso testigo sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad y el resguardo de derechos fundamentales en contextos de protesta.
Un proceso con implicancias más amplias
La resolución de Taiano no solo delimita responsabilidades individuales, sino que también instala interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en operativos de seguridad. El señalamiento de un accionar desproporcionado e irracional por parte de la fiscalía refuerza la necesidad de revisar prácticas institucionales.
En este contexto, el juicio oral no será únicamente una instancia judicial, sino también un espacio donde se pondrá en debate el equilibrio entre orden público y derechos ciudadanos, con un caso concreto que ya ha dejado una huella profunda en la vida de una persona y en la percepción pública sobre el accionar estatal.
