Este miércoles se realiza la junta interdisciplinaria de Marcelo Joaquín Tula, de 22 años, imputado por el matricidio de su progenitora, Norma Beatriz Tula, de 63 años. El acusado fue trasladado durante la mañana al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), donde será sometido a una evaluación destinada a determinar si es imputable y a establecer distintos aspectos vinculados con su salud mental.

La medida se desarrolla en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 y busca aportar elementos objetivos para determinar la condición del imputado, tanto en el presente como en el momento en que se produjo el asesinato.

Desde la querella señalaron que Tula tendría "un problema psicológico o psiquiátrico", planteo que fue expresado por el abogado querellante, Diego Quinteros Martínez. El letrado sostuvo que, a partir de esa situación, debe analizarse si el acusado comprendía lo que hacía al momento de concretarse el hecho.

Quinteros Martínez remarcó que la salud mental del imputado debe ser evaluada "con seriedad y con todas las garantías", aunque aclaró que la eventual existencia de una afección psicológica o psiquiátrica no permite, por sí sola, establecer si Tula comprendía la criminalidad de sus acciones.

La posición de la querella

En ese sentido, el abogado querellante explicó que la evaluación interdisciplinaria constituye una instancia dentro de un proceso de investigación que todavía permanece abierto y en el que deben analizarse distintos elementos.

"La querella de la familia de Norma Tula considera que la salud mental de Marcelo Joaquín Tula debe evaluarse con seriedad y con todas las garantías. Sin embargo, la existencia de un problema psicológico o psiquiátrico no determina, por sí sola, si comprendía lo que hacía al momento del hecho", señaló.

El representante legal agregó que la junta que se realiza este miércoles no constituye el final de la causa ni implica por sí misma una decisión definitiva sobre la situación procesal del acusado. "Si bien se realizará la junta interdisciplinaria, esta evaluación no representa el final de la causa ni constituye por sí misma una decisión definitiva. Es una medida más dentro de una investigación en la que todavía deben analizarse distintos elementos y completarse pruebas pendientes", añadió Quinteros Martínez.

De esta manera, la evaluación del CIF se incorpora como una de las pruebas que deberán ser consideradas dentro del conjunto de elementos que conforman la pesquisa.

Qué busca determinar la Fiscalía

La investigación está a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quien requirió a los especialistas del CIF que realicen un análisis amplio sobre el estado mental de Tula. Uno de los objetivos centrales es determinar su capacidad actual para estar sometido a un proceso judicial y ejercer su derecho de defensa. Al mismo tiempo, se busca establecer cuál era su condición de salud mental al momento del hecho investigado.

Desde la Fiscalía también se procura conocer si el joven representa un riesgo para sí mismo o para terceras personas, entre otras cuestiones que deberán surgir de la evaluación interdisciplinaria.

La pericia, por lo tanto, no estará limitada exclusivamente a establecer si existe o existió algún trastorno mental. También deberá analizar la incidencia que una eventual alteración haya tenido sobre las capacidades del acusado y su relación concreta con el hecho investigado.

El análisis sobre el momento del hecho

Entre los puntos solicitados por Antonino a los especialistas se encuentra la necesidad de informar cuál era el estado mental de Tula al momento del hecho, ocurrido el 19 de julio de 2026.

En particular, la fiscal requirió determinar si en ese momento existía alguna alteración que hubiera abolido, disminuido o preservado su capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Para arribar a esa conclusión, los profesionales deberán considerar distintos elementos y fuentes de información. La solicitud contempla expresamente:

El objetivo es que el análisis permita reconstruir, desde una perspectiva interdisciplinaria, cuál era la situación mental de Tula cuando se produjo el hecho investigado y si existieron circunstancias capaces de afectar su comprensión o la posibilidad de dirigir sus acciones.

La salud mental, la principal pericia

La evaluación no se limitará al estado del acusado al momento del asesinato. La Fiscalía también solicitó que se determine su condición de salud mental actual, aspecto vinculado con su capacidad para afrontar el proceso judicial y ejercer su derecho de defensa. En ese marco, Antonino pidió que los especialistas informen si Tula presentó o presenta algún tipo de trastorno mental que permita inferir una insuficiencia de sus facultades mentales o alteraciones morbosas de las mismas.

La solicitud apunta a establecer si esas eventuales alteraciones tienen incidencia sobre su capacidad de comprender y dirigir sus acciones, teniendo en cuenta las características del hecho investigado.

Para esa evaluación deberán tomarse como base los hallazgos obtenidos durante la evaluación interdisciplinaria y los antecedentes que surjan de la historia clínica.