Tal como lo informó en su edición de ayer este diario, a las 9.00 de la mañana, la comisario Nilda Leguizamón, su esposo y su abogada se presentaron en Casa de Gobierno y solicitaron una audiencia con la Gobernandora Lucía Corpacci. Mientras tanto, afuera la aguardaba un grupo de colegas y ex colegas que se autoconvocaron para brindarle “su apoyo y solidaridad” por el momento que atraviesa, tras la mediatización de la grave denuncia contra la Policía por el pago de doble seguro, información publicada en exclusiva por LA UNION la semana pasada.
Luego de pedir la audiencia con la primera mandataria, la denunciante dialogó con este medio y en cierta forma ratificó todo lo informado, en relación a la causa hasta el momento por este medio.
Contó qué fue lo que la movilizó a realizar la denuncia en la sede judicial y se mostró esperanzada del accionar del fiscal Marcelo Sago en relación a la instrucción del expediente, donde se investiga la responsabilidad que le pudiera caber al suboficial Díaz Rodríguez del departamento de Patrimonio dependiente de la División Logística, donde ella se desempeñó como jefa hasta las primeras semanas del mes de febrero.
“Durante el año que estuve en frente a la División detecté una serie de irregularidades por lo que inicié una investigación que me demandó entre cuatro y cinco meses, pero finalmente logramos establecer de una presunta maniobra en la contratación de los seguros para los móviles policiales. Un mismo patrullero asegurado dos veces, patrulleros asegurados en desuso, en fin, una serie de cosas que no podían suceder y que informé oportunamente al Jefe de la Policía y al Secretario de Seguridad Marcos Denett (sic)”, expresóla funcionario policial.
Y agregó: “como no tuve ningún tipo de respaldo por parte de mis superiores, es que decidí presentarme ante la Justicia y denunciar. Para que sea el fiscal quien investigue y determine si existe algún delito y quién o quiénes son los responsables”.
Consultada sobre las declaraciones mediáticas, tanto del Jefe de la Policía Orlando Quevedo, como del propio Secretario de Seguridad, Marcos Denett, sobre la sospecha de que ella tendría alguna responsabilidad en la situación irregular dijo: “Me causa mucho dolor escucharlos, pero no puedo soportar más esta situación y por eso hoy -por ayer- estoy hablando. Solo defiendo lo que hice y de lo que tengo pruebas.
En ningún momento denuncié ni al Comisario Quevedo, ni al Secretario de Seguridad. Antes de ir a la Justicia, fui a verlos y les dije lo que estaba pasando. Es más, el Jefe de Policía cambió, por las sospechas que yo tenía, al comisario Contreras que estaba a cargo de Patrimonio, pero dejó a la única persona que denuncié con nombre y apellido, el sub oficial Díaz Rodríguez”. “Fue el propio Jefe de Polícia que me dijo que no podía cambiarlo, por lo que le respondí que, como Jefa del División Logística, lo iba a hacer mediante resolución. Días después, eso fue a principio de este año, encontré en la oficina de Sumario una hoja sobre el escritorio del Jefe firmada y fechada con mi traslado”, indicó.
Finalmente, la Comisario que denunció el doble pago de seguro en los móviles policiales manifestó que “llegará hasta las autoridades nacionales, si es necesario” para que se haga justicia por la irregularidad que denuncia. “Confío en el desempeño del Fiscal Sago y solo espero que se sepa la verdad, porque como funcionaria policial, me debo a la institución y a la comunidad”.
“El traslado fue una represalia”
Así lo indicó en diálogo con LA UNION, Silvia Carrizo, abogada de la policía Leguizamón. La letrada comentó que en los próximos días se presentarán ante el fiscal Marcelo Sago para solicitar que se le tome declaración como testigo en la causa. “Ella denunció una irregularidad que venía sucediendo desde hacía años en el deparamento de Logística. Informó de la situación al Jefe de Policia y al Secretario de Seguridad. Ella aportó pruebas, entre las que hay órdenes de compra por las pólizas a los móviles, que no tienen su firma. No la tienen, porque nunca le consultaron. Ella denuncia la contratación del período diciembre 2016 a diciembre 2017 y ella se hizo cargo en febrero de 2017”, expresó. Al referirse al traslado, dijo que se trató de una cuestión arbitraria. “Fue en represalia la denuncia. La noche después de hacer la denuncia la trasladaron. Ella había pedido eso durante años para cobrar más dinero, pero nunca se lo dieron. Ahora lo hacen como castigo y por eso vamos a realizar una presentación para evitar que se concrete. Solo buscamos que se sepa la verdad”, puntualizó la abogada.
“Es una interna personal”
Así se refirió el jefe de la Policía Orlando Quevedo al retirarse de Casa Gobierno, minutos después de que la comisario Leguizamón llegara para solicitar una audiencia con la Gobernadora Lucía Corpacci, acompañada de otros policías y ex funcionarios de la fuerza.
“La problemática no es general, sino personal”, dijo Quevedo al ser consultado sobre la presencia en el lugar de los policías que acompañaban a Leguizamón. Asimismo, retiteró que se presentó ante el fiscal para interiorizarse de la denuncia, pero que “todavía no fue informado, porque el fiscal no lo atendió”, y agregó que “dejo por escrito en la presentación que las puertas de la Jefatura están abiertas para cuando él disponga”. ¿Debe el fiscal Sago informarle de los pormenores de la denuncia si él no está denunciado? En calidad de que es su averiguación, si en la fuerza se instruye un expediente en paralelo sobre la supuesta estafa, al cual se podría tener acceso. Asimismo, señaló que “Con respeto a los seguros, lo que había era una flota de vehículos que habían ingresado dos veces (sic). Reconocido el error, el importe se pasó a otros móviles”.
