La causa, iniciada a raíz de la denuncia de la Comisario Nilda Leguizamón por supuesta malversación de los vales de combustible (asignación de partida a móviles en desuso o siniestrados), continúa avanzado.
Luego de que el pasado viernes, a solicitud del fiscal Marcelo Sago, personal de la Unidad Judicial N 1 materializara la orden de allanamiento en la oficina de Compra y Licitación de la Jefatura de la Policía, durante la mañana de ayer, varios fueron los jefes policías que desfilaron ante el fiscal.
Según explicaron voceros judiciales, los comisarios -de quienes pidieron el resguardo de las identidades- fueron llamados en el marco de la investigación donde la justicia deberá determinar la existencia o no de maniobras fraudulentas en la asignación de los vales de combustible. Durante gran parte de la mañana fueron varios los efectivos que se vieron en la sede judicial, en el marco de la investigación donde buscan determinar la responsabilidad del comisario Ávalos, por el supuesto uso de bienes secuestrados.

Contadoras
Por otra parte, este diario pudo saber que, tras el allanamiento de la semana pasada, los investigadores secuestraron una importante cantidad de expedientes, material documental que por estos momentos es examinado  por una contadora en la oficina de la fiscalía de Delitos contra la Administracción Pública. En dicha documentación, los investigadores buscarán también elementos de prueba que pudieran tener algún tipo de relación con la primera denuncia que formuló Leguizamón el 9 de febrero pasado y destapó las supuestas maniobras de corrupción en la fuerza de seguridad que salpica a las principales autoridades de la Policía y la Cartera de Seguridad de la provincia. Cabe recordar que aquel viernes 9 de Febrero, la Comisario Nilda Leguizamón se presentó en la Fiscalía General y denunció, supuestamente, que móviles policiales que estaban en desuso y fuera de servicio en el parque automotor de la fuerza, contaban con pólizas de seguro y hasta en algunos casos con doble seguro.