Una escena de profunda conmoción se vivió este miércoles en las inmediaciones de la Cámara Penal Nº 2, ubicada sobre la Avenida Colón, donde una joven víctima de abuso sexual múltiple decidió encadenarse para reclamar públicamente una respuesta judicial que, según denunció, continúa demorándose pese a la existencia de una condena dictada contra los responsables.
La medida de fuerza fue adoptada por Agustina, quien exige que quede firme la pena de diez años de prisión impuesta a los hombres que fueron condenados por los hechos denunciados. Su protesta puso nuevamente en el centro de la escena un expediente que se inició hace varios años y que aún no alcanza una resolución definitiva debido a las instancias recursivas planteadas por la defensa de los acusados.
La situación, que fue visibilizada a través de la cobertura realizada por El Esquiú Play, expuso el fuerte impacto emocional que la prolongación del proceso judicial ha generado en la víctima, quien denunció atravesar un prolongado escenario de revictimización y desamparo institucional.
Un caso que se remonta a 2018
De acuerdo con los antecedentes relatados durante la jornada, el caso tuvo su origen en el año 2018. Según la denuncia, Agustina asistió bajo engaño a una supuesta entrevista laboral. En ese contexto, fue entregada y posteriormente abusada por los implicados.
Tras varios años de trámite judicial, recién en 2023 la Justicia catamarqueña dictó una sentencia condenatoria contra los acusados. Los condenados fueron identificados como Gabriel Leiva y Emanuel Agüero, quienes recibieron una pena de diez años de prisión.
Sin embargo, la condena no logró adquirir firmeza debido a las sucesivas apelaciones impulsadas por la defensa técnica de los imputados.
Las apelaciones y la falta de una sentencia firme
Uno de los aspectos centrales del reclamo planteado por la víctima está relacionado con la situación procesal actual de los condenados. Pese a la existencia de una sentencia condenatoria, los recursos interpuestos durante el proceso impidieron que el fallo quedara firme.
Según se informó, un recurso de casación ordenó reenviar el expediente para que una nueva sentencia sea resuelta por otro tribunal. Como consecuencia de esa decisión judicial, el proceso continúa abierto y los condenados permanecen en libertad mientras se resuelven las instancias pendientes.
Para Agustina y su entorno, esta situación prolonga el sufrimiento derivado de los hechos denunciados y profundiza la sensación de falta de respuestas después de varios años de espera.
El relato de una convivencia marcada por el temor
Acompañada por su madre y un grupo de amigas, la joven expuso públicamente el impacto que esta situación tiene sobre su vida cotidiana. Entre lágrimas, relató que debe cruzarse frecuentemente con los condenados en distintos espacios públicos.
Según denunciaron sus allegados, tanto Gabriel Leiva como Emanuel Agüero continúan teniendo contacto visual con ella en la vía pública y protagonizan conductas que incrementan su angustia. De acuerdo con los testimonios brindados durante la protesta, los hombres se burlarían de la víctima, la filmarían con sus teléfonos celulares y le dirigirían amenazas.
Las denuncias también alcanzan a los dos hijos adolescentes de Agustina, quienes, según manifestó el entorno de la joven, habrían sido igualmente objeto de intimidaciones.
La situación emocional de la víctima se agravó durante la jornada frente al edificio judicial. Familiares y allegados señalaron que la continuidad de los episodios denunciados provocó severas crisis de angustia y ataques de pánico. La tensión alcanzó su punto más crítico cuando la joven, desbordada por la falta de respuestas que percibía en las oficinas judiciales, amenazó con atentar contra su propia integridad física en el lugar.
El episodio generó una fuerte preocupación entre quienes se encontraban presentes y derivó en la inmediata intervención de distintos organismos.
Finalmente, desde la secretaría del tribunal se asumió el compromiso de recibir a Agustina en una audiencia privada. Durante ese encuentro se prevé que la víctima sea informada sobre los detalles del nuevo proceso judicial que deberá desarrollarse tras la resolución adoptada en la instancia de casación.
Según se indicó durante la jornada, existiría una fecha tentativa de debate prevista para el próximo mes de agosto.