El escenario judicial en los Tribunales de Comodoro Py ha sumado un capítulo nuevo en la investigación que pesa sobre el patrimonio de Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita encabezó hoy una jornada de indagatoria crucial al tomar declaración a Matías Tabar, el contratista y arquitecto responsable de las profundas remodelaciones realizadas en la casa de fin de semana que el Jefe de Gabinete posee en el exclusivo country Indio Cuá.
Las revelaciones de Tabar no solo confirmaron la magnitud de la obra, sino que arrojaron luz sobre una operatoria financiera que esquivó los registros contables formales.
Según el testimonio brindado bajo juramento, las refacciones de la propiedad tuvieron un costo total de US$245.000. El dato más sensible aportado por el socio del grupo Alta Arquitectura radica en la modalidad de pago: el contratista aseguró que el funcionario abonó la totalidad de la suma en efectivo y sin factura. Esta declaración se vuelve un eje central para la fiscalía, que busca determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos suntuarios detectados en su haber.
Cronología de una obra millonaria en Exaltación de la Cruz
La propiedad en cuestión se asienta sobre un lote de 400 metros cuadrados en el barrio privado ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el relato detallado de Tabar ante Pollicita, las tareas de remodelación se extendieron durante un plazo de diez meses, iniciándose en septiembre de 2024 y concluyendo en julio de 2025. Durante este período, la vivienda original fue sometida a una transformación integral que incluyó diversas áreas de infraestructura y confort.
Los trabajos técnicos detallados en el expediente judicial incluyen los siguientes puntos:
Instalación y renovación total del piso de la casa.
Remodelación completa de las áreas de baño y cocina.
Construcción de un nuevo quincho.
Reparación y puesta a punto de la pileta.
Alquiler temporal de otra propiedad dentro del mismo barrio por un valor de US$13.000, utilizado por el funcionario mientras se ejecutaban las obras.
En cuanto al flujo de divisas, el contratista precisó que el pago de los US$245.000 se dividió en dos etapas claramente marcadas: un primer desembolso de US$55.000 realizado durante el año 2024, y un segundo pago, mucho más voluminoso, de US$190.000 cancelado en 2025. Para dar sustento a sus dichos, Tabar entregó a la Justicia su teléfono celular y proporcionó los datos de contacto del personal que trabajó en el sitio, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas, quienes podrían ser citados para ratificar la envergadura de las tareas.
Irregularidades registrales y deudas pendientes
La investigación, que se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, ha detectado inconsistencias que van más allá del origen de los fondos. Según el expediente, aunque la escritura de la casa de Indio Cuá se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, el cambio de titularidad aún no se ha reflejado en los registros oficiales. El informe del municipio de Exaltación de la Cruz confirma que la propiedad sigue figurando a nombre de su antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.
A este panorama se suma la situación del departamento donde reside Adorni en el barrio porteño de Caballito. La Justicia ha puesto la lupa sobre los vínculos financieros del funcionario con dos jubiladas, a quienes les adeudaría dinero. En este marco, la próxima semana será el turno de declarar para Leandro Miano, hijastro de una de las acreedoras, Claudia Sbabo. Miano es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del inmueble en Caballito. El fiscal ha ordenado a Miano presentarse con su celular, facturas y tickets relacionados con las expensas y refacciones de dicha vivienda.
El desafío de justificar la evolución patrimonial
El foco principal de la fiscalía se centra en el origen de los fondos. Manuel Adorni ha defendido públicamente la legalidad de su patrimonio, sosteniendo que puede justificar desembolsos por más de 100.000 dólares ya realizados, junto a otros 335.000 dólares que tiene comprometidos para el pago de propiedades antes de noviembre. Sin embargo, los números analizados por Pollicita presentan desafíos matemáticos para la defensa.
Los ingresos declarados por el Jefe de Gabinete muestran una brecha significativa respecto a sus gastos:
Hasta el año pasado, Adorni declaró ingresos mensuales por $3.500.000.
Dicha cifra se duplicó posteriormente hasta alcanzar los $7.000.000.
Los gastos en refacciones, alquileres temporales y adquisiciones de inmuebles detectados por la Justicia superarían ampliamente el acumulado de dichos salarios.
Ante esta presunta inconsistencia, el fiscal Pollicita ha solicitado una batería de medidas que incluyen informes detallados a los registros de la propiedad, registros automotores y un exhaustivo análisis de los movimientos financieros del funcionario. El objetivo final es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y verificar si el flujo de dinero utilizado para las remodelaciones en efectivo y las deudas con particulares se ajusta a la normativa vigente o si, por el contrario, configura un crecimiento indebido de sus activos.