La causa judicial contra las máximas autoridades de la AFA vuelve a tener un giro tras la decisión del fiscal federal Pedro Simón de apelar ante la Cámara Federal de Tucumán. El foco del conflicto radica en la resolución dictada por el juez Sebastián Argibay, quien recientemente desestimó el pedido de apertura de instrucción y rechazó las medidas solicitadas contra las figuras más poderosas del fútbol argentino: el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Simón, en un recurso de apelación cargado de cuestionamientos técnicos y éticos, no solo busca revertir el archivo de la causa, sino que ha calificado el fallo de "arbitrario". La gravedad de la situación ha escalado al punto de que el fiscal solicitó formalmente que se evalúe la conducta del magistrado ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que su proceder obstaculizó una investigación de alta complejidad que involucra delitos federales de extrema sensibilidad.
El cuestionamiento
La base de la denuncia de la fiscalía no es menor. Se trata de una causa que investiga presuntas maniobras de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Según el fiscal Simón, existe un complejo entramado de operaciones financieras, societarias e inmobiliarias que vinculan directamente a los dirigentes de la AFA con su entorno familiar y empresarial.
El requerimiento de instrucción original, que consta de 181 páginas, contenía un detalle minucioso que, a juicio del fiscal, el juez ignoró deliberadamente. Simón sostiene que la resolución de Argibay se refugió en "abstracciones doctrinarias genéricas", evitando confrontar la plataforma fáctica presentada. En dicho documento se especificaban los siguientes puntos críticos:
Adquisiciones detalladas de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
Transferencias bancarias con fechas, montos y participantes identificados.
Roles funcionales específicos asignados a cada uno de los imputados dentro de la estructura.
Cruzamientos de domicilios y cargos que sugieren una organización cohesionada.
Contradicciones y el estándar de prueba en disputa
Uno de los puntos más agudos de la apelación reside en lo que Simón describe como una contradicción lógica en el fallo de Argibay. El juez sostuvo, por un lado, que no existían hechos delictivos concretos ni actos de lavado identificables que justificaran la investigación. Sin embargo, en el mismo acto, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Campana bajo la sospecha de una posible defraudación contra la AFA. Ante esto, el fiscal planteó una pregunta retórica demoledora para la consistencia del fallo: "¿Existe una defraudación o no?".
Asimismo, la fiscalía cuestiona que el magistrado haya elevado indebidamente el estándar de prueba. Según el recurso, Argibay actuó como si estuviera dictando una sentencia definitiva en lugar de evaluar una etapa inicial. Para Simón, el juez "confunde el objeto del proceso con el objeto de la prueba", suprimiendo de facto la etapa de instrucción que solo requiere un grado de sospecha suficiente para proceder con la recolección de evidencias.
Los números detrás de la sospecha
Para rebatir el argumento judicial de que el dictamen carecía de precisión, el fiscal Simón volvió a poner sobre la mesa cifras y nombres de empresas que forman parte del indicador de riesgo detectado. La fiscalía detectó transferencias millonarias desde la AFA hacia distintas firmas que, bajo su óptica, carecen de una justificación transparente en esta etapa.
Los datos técnicos presentados por la fiscalía incluyen:
Giros por un total superior a los $3633 millones a cuentas vinculadas a las sociedades bajo investigación.
Empresas receptoras identificadas como Servicios Neurus, Carbellos y Soma.
Operaciones significativas realizadas tanto en pesos como en dólares.
Un informe del Banco Central que involucra a Pablo Toviggino por la falta de liquidación de divisas por montos de 54 millones de dólares y 80 millones de euros.
Cuestionamientos a la conducta del magistrado
Finalmente, el fiscal Pedro Simón puso el foco en las formas. En su apelación, realizó una reconstrucción cronológica de los hechos ocurridos el día en que el juez Argibay retomó sus funciones tras una licencia. Según el relato fiscal, en el lapso de apenas una hora, el magistrado logró rechazar planteos, habilitar el acceso al expediente a la defensa, recibir pedidos de sobreseimiento y, finalmente, desestimar un requerimiento fiscal de 181 páginas.
Esta celeridad es vista por el Ministerio Público como una irregularidad manifiesta que vulneró el derecho de revisión, especialmente porque el expediente fue enviado a otra jurisdicción sin esperar a que la resolución quedara firme. Simón concluye que hubo una intromisión en la autonomía de su oficina y una violación de la doctrina de los actos propios, solicitando a la Cámara Federal de Tucumán la nulidad de la resolución, que se confirme la competencia en Santiago del Estero y se ordene la apertura inmediata de la instrucción penal.