En medio del conflicto gremial con los sindicatos aeronáuticos, el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de expulsar a Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). Esta medida fue adoptada tras una asamblea convocada por los principales accionistas a petición del Estado nacional.

Biró, secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y figura prominente en el conflicto con el Gobierno, había sido protagonista de múltiples paros y protestas en los últimos meses. 

La asamblea se llevó a cabo con el objetivo de votar la "remoción con causa" de Biró, argumentando violaciones a sus deberes como director según la ley de Sociedades. La relación entre Biró y el Gobierno ha sido tensa. En septiembre, Biró fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por supuestas amenazas extorsivas, tras sus declaraciones sobre la declaración del transporte aéreo como esencial.

En el comunicado emitido por Aerolíneas, se le acusó de actuar de manera desleal y perjudicar los intereses de la compañía, ya que durante el año había promovido 13 medidas de fuerza que afectaron a más de 100,000 pasajeros.

Además, el presidente Milei firmó un decreto que declara a Aerolíneas Argentinas "sujeta a privatización", mientras la empresa intenta aumentar su flujo de caja promocionando pasajes nacionales con descuentos. Por otro lado, los gremios aeronáuticos confirmaron su participación en un paro de 24 horas programado para el 30 de octubre, en medio de un contexto de creciente tensión con el Gobierno. 

El secretario general de Aero navegantes, Juan Pablo Brey, criticó al Gobierno por su estrategia de "asfixiar a las empresas del Estado" y denunció la situación económica de los trabajadores, que enfrentan salarios congelados y una pérdida significativa de poder adquisitivo debido a la inflación. 

Brey también advirtió sobre las limitaciones al derecho a huelga y la persecución de dirigentes sindicales, lo que, según él, pone en riesgo los derechos de los trabajadores. La situación se presenta como un conflicto de gran intensidad entre el Gobierno y los sindicatos, que buscan defender sus derechos y condiciones laborales en un contexto de privatización y recortes presupuestarios.