La Justicia resolvió cerrar la causa que investigaba el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Estados Unidos en el avión presidencial. La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien fundamentó su resolución en la "ausencia de delito", luego de que la fiscal federal Alejandra Mangano emitiera un dictamen favorable al archivo del expediente.
El caso había sido iniciado tras una denuncia que apuntaba a la participación de Bettina Julieta Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar en la "Argentina Week". La investigación buscaba determinar si su inclusión en el vuelo oficial podía constituir una malversación de caudales públicos.
Sin embargo, tras el análisis de las pruebas y los informes recolectados durante la instrucción, el magistrado concluyó que los hechos "no se encuadran en el accionar típico investigado", descartando así la existencia de delito penal.
La investigación y los informes clave
El expediente tramitó en Comodoro Py y fue delegado por Rafecas en la fiscal Mangano, quien llevó adelante una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del viaje. Entre ellas, se destacaron los pedidos de información dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
El juez solicitó detalles precisos sobre la integración de la comitiva que viajó en el avión presidencial hacia Estados Unidos. A partir de esa información, se evaluaron tanto la composición del grupo como los costos asociados al traslado.
En su resolución, Rafecas también subrayó la "falta de detección de irregularidades relacionadas con los gastos", tanto durante la permanencia en territorio estadounidense como en la emisión de los pasajes aéreos.
Estos elementos resultaron determinantes para concluir que no existió un uso indebido de recursos estatales, uno de los ejes centrales de la denuncia original.
El dictamen fiscal y la capacidad del avión
El pedido de archivo de la causa se apoyó en un análisis detallado realizado por la fiscal Mangano. En su presentación, explicó que la decisión de incluir a Angeletti en el vuelo oficial no implicó un uso irregular de los recursos públicos.
Uno de los puntos clave del dictamen fue el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva y la capacidad del avión presidencial, un Boeing 757-200 con 39 plazas. Según la fiscal, este análisis permitió establecer que:
- Existían más de 10 plazas disponibles en cada tramo del viaje realizado entre el 6 y el 11 de marzo.
- La invitación a Bettina Julieta Angeletti constituyó un uso razonable de la discrecionalidad presidencial.
- No se generó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria.
Además, Mangano señaló que, a partir de los informes aportados por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, no se verificaron los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal, ni en otras figuras legales vinculadas a delitos contra la administración pública.
La defensa pública de Adorni
El caso tomó relevancia pública luego de que trascendiera que el entonces jefe de Gabinete había invitado a su pareja a integrar la comitiva oficial. En ese contexto, Manuel Adorni defendió públicamente la legalidad del viaje.
Según explicó en su momento, la participación de su esposa no implicó ningún gasto adicional para el Estado. En sus declaraciones, detalló que:
- El pasaje de ida y vuelta fue abonado por ella misma.
- Los viáticos fueron cubiertos de manera personal.
- Él mismo se hizo cargo de sus propios gastos de comida y movilidad.
"No le sacamos un peso al Estado", afirmó en aquel momento, al responder a las críticas surgidas tras la difusión del viaje.
Repercusiones tras el fallo
Una vez conocida la resolución judicial, Adorni reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que reivindicó su postura frente a la denuncia.
"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin", escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).
La causa, que había sido impulsada por una denuncia por presunta malversación de fondos, quedó finalmente archivada tras la decisión de Rafecas, alineada con el dictamen fiscal.
