Después de una audiencia decisiva celebrada en Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación expresó su confianza en revertir la sentencia por US$16.000 millones que pesa sobre la Argentina por la expropiación de YPF.
Durante la jornada, los representantes legales del Estado argentino expusieron los argumentos de la apelación contra el fallo emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska, al que calificaron de "erróneo" y basado en una interpretación equivocada del derecho argentino.
Según informó la Procuración mediante un comunicado oficial, los abogados hicieron hincapié en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional, sosteniendo que el caso debería haberse tramitado en tribunales argentinos y no en Estados Unidos.
Durante la audiencia, los letrados remarcaron que la sentencia inicial se apoyó en "ficciones jurídicas de graves consecuencias" y recordaron que el reclamo de Petersen Energía y Eton Park Capital Management no tiene relación con el mercado bursátil estadounidense. Ambos fondos, detallaron, adquirieron sus acciones de YPF años después de la oferta pública inicial de 1993, mediante operaciones privadas con Repsol en España, "rodeadas de serias sospechas de corrupción".
La Procuración afirmó además que esos accionistas, junto con Repsol, "drenaron los recursos de YPF" a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran conscientes de que cualquier controversia debía resolverse conforme al derecho argentino.
En ese sentido, el comunicado señaló que los demandantes "optaron por no acudir a los tribunales argentinos" y, años después, buscaron obtener una reparación en los Estados Unidos, donde —según la defensa— ningún juez local habría llegado a las mismas conclusiones.
La Procuración también apuntó contra Burford Capital, el fondo británico que compró el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y que ahora busca una ganancia superior al 37.000%. "Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica", advirtió el texto, y acusó al fondo de "interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República".
El organismo enmarcó además el caso dentro del "modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner", durante los cuales —según el comunicado— "determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas". En esa línea, sostuvo que los exaccionistas de Petersen buscan beneficiarse nuevamente "a través de la especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni experiencia en derecho argentino".
La Procuración agradeció el respaldo de varios Estados que presentaron escritos de apoyo ante la Corte estadounidense, alineándose con la postura jurídica argentina, y manifestó su optimismo respecto del resultado de la apelación.
"La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones", concluyó el comunicado.
De confirmarse, la decisión sería un triunfo clave para el Gobierno argentino en uno de los litigios internacionales más costosos de la historia del país, con impacto en los recursos federales y provinciales, incluidos los de Catamarca, donde parte de las regalías de YPF tienen incidencia en la coparticipación nacional.
