El caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace un año, volvió a escalar en la agenda internacional luego de que el Gobierno argentino denunciara formalmente su situación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La presentación fue realizada en Ginebra por el diplomático Carlos Foradori, representante de Argentina ante los organismos internacionales, quien reclamó una reacción concreta de la comunidad internacional frente a lo que calificó como una detención ilegal y arbitraria.
Durante su intervención, Foradori advirtió que la falta de respuestas efectivas frente al caso de Gallo no solo agrava la situación personal del gendarme y de su familia, sino que además constituye una forma de complicidad con los atropellos sistemáticos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Según sostuvo, el silencio o la pasividad de los organismos multilaterales terminan favoreciendo la impunidad y debilitando los principios básicos del derecho internacional.
El diplomático argentino afirmó que la situación venezolana ha sido ampliamente documentada durante más de una década por organismos independientes y misiones internacionales. En ese sentido, recordó que existen pruebas contundentes sobre la existencia de prácticas sistemáticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, persecución política y violaciones generalizadas a los derechos humanos. Para Foradori, el caso de Nahuel Gallo es una expresión concreta y actual de ese patrón de abusos.
Según detalló ante el Consejo, el gendarme argentino permanece privado de su libertad desde hace más de un año sin que exista una orden judicial conocida, sin acceso a una defensa independiente y sin contacto regular con su familia. Además, denunció que Gallo se encuentra incomunicado y que las autoridades venezolanas han impedido la asistencia consular, en abierta violación a los tratados internacionales vigentes.
Foradori también cuestionó las acusaciones formuladas por el régimen chavista, que sostiene que Gallo atentó contra la seguridad del Estado. En ese punto, calificó de "absurdas" las imputaciones, al remarcar que al momento de su detención el gendarme ni siquiera había ingresado formalmente al territorio venezolano. Para el Gobierno argentino, estas acusaciones carecen de sustento jurídico y responden a una lógica de persecución basada exclusivamente en su nacionalidad.
El representante argentino fue enfático al señalar que el Consejo de Derechos Humanos no puede mantenerse al margen de este tipo de situaciones. "La neutralidad frente a violaciones graves no es una opción", advirtió, y remarcó que la inacción termina por erosionar la credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
En la misma línea se expresó la activista venezolana Elisa Trotta, quien recordó que Gallo lleva 365 días sin contacto con su familia ni con abogados de confianza. Trotta manifestó su convicción de que el caso no quedará impune y reclamó una mayor presión internacional para lograr su liberación.
La detención de Nahuel Gallo ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó desde Colombia por un paso fronterizo terrestre. De acuerdo con lo informado por el Gobierno argentino y por su entorno familiar, el gendarme viajaba con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo. Sin embargo, el régimen venezolano afirmó en su momento que Gallo integraba un grupo de supuestos "mercenarios" extranjeros involucrados en planes para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, e incluso llegó a insinuar una presunta responsabilidad del Gobierno de Javier Milei.
A un año de los hechos, la Argentina calificó oficialmente el caso como una "desaparición forzada" y una violación flagrante del derecho internacional. El reclamo fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y diversos foros multilaterales, con pedidos de medidas urgentes para garantizar su liberación y preservar su integridad física.
Desde el entorno familiar, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, reiteró que el gendarme fue detenido únicamente por su condición de ciudadano argentino y reclamó una reacción más amplia de la sociedad y de la dirigencia política para visibilizar el caso y exigir su liberación inmediata.
