El escenario legislativo nacional se encamina hacia un nuevo foco de tensión tras la decisión del Poder Ejecutivo de postergar la entrada en vigencia del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lo que se perfila como un "Congreso caliente", diputados nacionales de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Fuerza Patria han formalizado un pedido de interpelación dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, y al recientemente designado director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Pedro Lines.
La controversia radica en la suspensión del nuevo indicador, cuya implementación estaba prevista originalmente para enero de 2026, una decisión que ha despertado fuertes críticas por parte de los legisladores nacionales, quienes consideran que los funcionarios deberán dar explicaciones urgentes sobre los motivos de esta demora.
La iniciativa parlamentaria, impulsada por el diputado nacional Nicolás Trotta, busca que los funcionarios informen verbalmente sobre la implementación del nuevo índice y respondan un extenso listado de preguntas vinculadas a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Según los fundamentos presentados, el IPC constituye uno de los indicadores macroeconómicos determinantes para el país, con un impacto directo en la medición de la pobreza, la indigencia y la dinámica de los ingresos de salarios y jubilaciones.
La presencia de Caputo y Lines es considerada fundamental para esclarecer por qué se ha decidido frenar una herramienta que incide directamente en contratos públicos y privados, así como en variables fiscales y financieras de carácter estratégico.
Para fortalecer el análisis técnico durante la interpelación, la presentación también incluye una invitación al director saliente del organismo, Marco Lavagna, con el fin de reconstruir el proceso previo a la postergación. El proyecto de resolución cuenta con el respaldo y las firmas de los diputados nacionales Jorge Chica, Guillermo Snopek, Cristian Andino, José Glinski y Santiago Roberto, quienes coinciden en que la falta de transparencia y rigurosidad metodológica en el cálculo de la inflación condiciona gravemente el diseño y la evaluación de las políticas públicas esenciales.
El desfase metodológico y la advertencia de los trabajadores
Uno de los puntos más críticos señalados en el texto legislativo es la obsolescencia del índice vigente, el cual se basa en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005. El proyecto advierte que esta metodología refleja patrones de consumo de hace más de dos décadas y no representa la estructura actual de gastos de los hogares argentinos. El nuevo IPC, por el contrario, se apoya en la ENGHO 2017/2018 y en la actualización de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP 2018), lo que permitiría una medición mucho más fiel de la inflación real y evitaría diagnósticos económicos erróneos basados en patrones de consumo que ya han sido superados por el paso del tiempo.
La tensión no se limita al ámbito parlamentario, ya que la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE - INDEC) manifestó su rechazo tajante a la decisión de frenar la actualización. Desde el gremio advirtieron que la medida se tomó a pocos días de una publicación clave, alterando procesos técnicos que deberían desarrollarse sin interferencias políticas. Los trabajadores reclamaron la publicación inmediata del nuevo IPC y subrayaron que existen herramientas técnicas para mantener la comparabilidad de las estadísticas sin necesidad de postergar la modernización del indicador, un paso fundamental para garantizar información confiable y respetar la autonomía técnica del INDEC frente a las decisiones del Gobierno nacional.