El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Nisman estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, y días antes había presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables iraníes del ataque.
A once años del hecho, la causa judicial continúa abierta. Existen procesamientos confirmados, como el de Diego Lagomarsino, pero aún no hay autores materiales identificados ni fecha para un juicio oral. La fiscalía federal, a cargo de Eduardo Taiano, sostiene que los elementos reunidos permiten afirmar que "Nisman fue víctima de un homicidio" y que su muerte estuvo directamente vinculada a su labor en la UFI-AMIA.
El derrotero judicial y las irregularidades iniciales
La investigación se inició en el fuero ordinario porteño, bajo la órbita de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein. Tras reiteradas denuncias por falencias en la pesquisa, en marzo de 2016 Palmaghini desplazó a Fein y remitió el expediente al fuero federal. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que, al tratarse de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones, correspondía la intervención de ese ámbito.
Desde entonces, la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Taiano, quien en diciembre de 2025 solicitó la declaración indagatoria de Fein por presuntas irregularidades cometidas durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo.
Según el dictamen fiscal, se produjeron negligencias graves, entre ellas la alteración o pérdida de pruebas clave y el ingreso de más de 80 personas al departamento antes de que se resguardara la escena. El baño, donde fue encontrado el cuerpo, fue señalado como el sector más afectado por el desorden inicial.
Además, se cuestionó la demora de Fein en presentarse en el lugar, el ingreso sin protección adecuada y la falta de control sobre personas no identificadas que circularon por el departamento. También figuran como imputados el juez Manuel de Campos, Sergio Berni y otros funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.
La investigación sobre los servicios de inteligencia
Uno de los ejes centrales de la causa es el rol de los servicios de inteligencia. El expediente sostiene que Nisman mantenía vínculos estrechos con miembros jerárquicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), luego reconvertida en Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En sus últimos días, el fiscal mantuvo comunicaciones con varios de estos agentes. Como dato clave, se analiza la actividad de una flota de teléfonos Nextel que registró numerosas comunicaciones el mismo domingo 18 de enero, antes de conocerse su muerte.
El exdirector de Contrainteligencia Antonio "Jaime" Stiuso, desplazado en diciembre de 2014, declaró en 2019 que Nisman fue asesinado por una "inteligencia paralela" vinculada al poder político de entonces. Sin embargo, esa declaración permanece bajo reserva y no integra el expediente principal por las limitaciones de la ley de inteligencia.
Las sospechas también alcanzan a César Milani, exjefe del Ejército, por presuntas tareas de inteligencia paralela. En 2025, Taiano citó a declarar a 300 espías por la activación de teléfonos celulares en las inmediaciones del edificio donde vivía Nisman. Documentos desclasificados revelaron la existencia de informantes pagos y profundas internas dentro de la AFI tras la muerte del fiscal.
Milani rechazó las acusaciones y sostuvo que la causa se mantiene "con alfileres", al tiempo que cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Un caso abierto y sin resolución definitiva
A once años del fallecimiento de Nisman, la Justicia argentina solo logró confirmar la hipótesis del homicidio. Persisten las irregularidades iniciales, la falta de autores intelectuales identificados y la ausencia de un juicio oral.
La causa vinculada a la denuncia por el Memorándum con Irán, reabierta en 2023, podría aportar nuevos elementos sobre los móviles del crimen. Cristina Fernández de Kirchner continúa procesada y se aguarda la elevación a juicio oral.
Mientras tanto, el caso Nisman sigue siendo un símbolo de las tensiones entre Justicia, política e inteligencia en la Argentina, con impacto institucional que trasciende Buenos Aires y se proyecta sobre todo el país, incluidas provincias como Catamarca.