Miguel Ángel Calvete, uno de los investigados por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py, pero se negó a declarar. Su testimonio era el primero previsto tras el levantamiento del secreto de sumario, que rigió durante tres meses y cuyo fin dio inicio formal a una semana clave para el avance de la causa.
La causa, que investiga un presunto entramado de pagos ilegales, impacta en proveedores y prestadores de todo el país. En provincias como Catamarca, donde los insumos de alto costo dependen de aprobaciones nacionales, la transparencia de la ANDIS es determinante para la continuidad de tratamientos y la provisión de prótesis y medicamentos.
Semana decisiva en Comodoro Py
La ronda de declaraciones continuará este miércoles con Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, señalado como la cabeza de la organización investigada. Su testimonio es considerado central para reconstruir la operatoria que, según el expediente, habría funcionado entre julio de 2024 y agosto de 2025.
La agenda de indagatorias también incluye a exfuncionarios, empresarios vinculados a droguerías, prestadoras médicas y operadores técnicos. En total, 15 personas fueron citadas para aclarar su rol dentro del presunto esquema que, según la Justicia, generó contratos con sobreprecios superiores a los $43.000 millones.
Funcionarios y empresarios bajo la lupa
Entre los citados figura Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria por orden del juez Sebastián Casanello. Atachabahian también se negó a declarar y su nombre aparece de manera reiterada en el expediente, tanto en los intercambios de mensajes como en los vínculos con proveedores del organismo.
Además de Spagnuolo, Calvete y Atachabahian, el expediente menciona a Daniel María Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS; a Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y a Lorena Di Giorno, funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), un sector cuyas decisiones tienen impacto directo en pacientes de todo el país, incluyendo Catamarca.
Operadores privados y proveedores farmacéuticos
La investigación también alcanzó a operadores externos señalados como responsables del manejo técnico y financiero del esquema. Entre ellos aparece Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche, quien habría intervenido en la Agencia a pedido de Atachabahian pese a no formar parte de la estructura estatal.
En paralelo, se detectaron vínculos irregulares con dos droguerías: New Farma y Floresta. Sus presidentes, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, pareja entre sí, están mencionados en la causa. También figura Patricio Gustavo Rama, directivo suplente de New Farma, con conexiones comerciales y personales con Calvete y Atachabahian.
Dinero en movimiento y nexos privados
El expediente señala a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, como responsable de movilizar el dinero en efectivo producto de la operatoria ilícita. También se apunta a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, vinculados a empresas de aviación privada —Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.— encargados presuntamente de trasladar fondos.
La causa continuará esta semana con nuevas indagatorias que buscarán determinar responsabilidades en una estructura que, según la Justicia, operó durante más de un año y afectó la contratación estatal en áreas sensibles.
