El ex presidente Alberto Fernández amplió este jueves su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de seguros por parte del Estado. Durante casi dos horas, respondió preguntas sobre las facturas emitidas entre 2010 y 2019 al broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria, y negó haber cometido delitos.
De acuerdo a un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Fernández le facturó a la empresa del broker cerca de $4,2 millones, siendo 2019 el año de mayor facturación, con más de $1,4 millones. La última factura data del 6 de diciembre de ese año, apenas cuatro días antes de asumir la presidencia.
El ex mandatario sostuvo que se trató de servicios profesionales vinculados a informes de coyuntura política y económica que elaboraba para distintos clientes, entre ellos empresas privadas y sindicatos, y negó que Martínez Sosa haya recibido trato preferencial. "Nunca lo favorecí", aseguró, y pidió al juez que se convoque como testigos a Vilma Ibarra, Martín Guzmán, Miguel Pesce y Juan Pablo Cafiero, entre otros.
Fernández ya había declarado en noviembre de 2024, cuando la causa estaba a cargo del juez Julián Ercolini. En esa oportunidad, defendió el Decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro y centralizó la operatoria en Nación Seguros, justificando que las comisiones de los intermediarios se habían limitado al 10% y que la medida no representó costos extra para el Estado.
La causa cobró nuevo impulso tras el cambio de juez en febrero, cuando Casanello reemplazó a Ercolini. El nuevo magistrado ordenó revisar documentación, solicitar nuevos informes y profundizar líneas de investigación, entre ellas la del ex policía Daniel "El Gordo" Rodríguez, administrador de la quinta de Olivos durante la gestión Fernández, cuyo patrimonio está siendo examinado por la agencia ARCA.
En paralelo, la Cámara Federal revocó este miércoles la inhibición de bienes que pesaba sobre Fernández y otras 50 personas y empresas investigadas en el expediente. En un fallo dividido, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que la medida carecía de justificación ante la falta de una resolución procesal firme. En disidencia, el camarista Roberto Boico votó por mantener las inhibiciones.
Ahora, el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de todos los imputados, mientras avanza la causa que indaga posibles maniobras de direccionamiento y favoritismo en la contratación de seguros para organismos del Estado.
