El expresidente argentino Alberto Fernández se encuentra en el centro de la atención judicial, enfrentando citaciones para declarar en dos causas que marcan un capítulo complicado tras su salida del poder. Estas investigaciones, que involucran presuntas irregularidades financieras y una denuncia de violencia de género, subrayan acusaciones graves que han generado amplio interés público.
Primera declaración indagatoria en la causa de seguros
El próximo 27 de noviembre, Alberto Fernández deberá comparecer ante el juez federal Julián Ercolini para brindar su declaración indagatoria en la conocida Causa Seguros. La investigación apunta a un esquema de presunta corrupción que, según la acusación, se desarrolló entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, durante su mandato presidencial.
El expresidente está señalado junto a su exsecretaria María Cantero, su esposo Héctor Martínez Sosa, y otros acusados de participar en un mecanismo de recaudación y distribución irregular de fondos públicos. Según las autoridades, este esquema implicó el direccionamiento de contrataciones de seguros hacia la empresa Nación Seguros S.A., afectando diversas reparticiones públicas.
Inicialmente, Fernández debía declarar el 20 de noviembre, pero a pedido del fiscal Carlos Rívolo, la audiencia fue reprogramada para el 27 de noviembre a las 10:00. Este será su primer testimonio en una causa judicial desde que dejó la presidencia.
Violencia de género: citación para el 11 de diciembre
Además de las acusaciones de corrupción, Fernández también deberá responder a una denuncia por violencia de género interpuesta por su expareja, Fabiola Yañez. En esta causa, el juez Ercolini ha programado su declaración indagatoria para el 11 de diciembre.
Según la denuncia, los episodios de violencia psicológica habrían comenzado en 2016 y se habrían prolongado hasta agosto de 2024. La acusación describe una relación marcada por el acoso, el hostigamiento y comportamientos controladores, incluyendo insultos y destrato hacia Yañez, quien ocupó el rol de Primera Dama durante su gestión presidencial.
En el marco de este proceso, se ha impuesto una orden de prohibición de contacto entre las partes, subrayando la gravedad de los hechos denunciados.