La investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado ha puesto al expresidente Alberto Fernández bajo el foco judicial. El exmandatario, citado para declarar en la causa conocida como "la causa de los seguros", se presentó este miércoles ante la justicia para brindar su declaración, en un proceso que podría tener repercusiones importantes en su carrera política y legal.

La causa de los seguros: antecedentes y acusaciones

La causa judicial investiga el presunto uso indebido de fondos públicos mediante el direccionamiento de contratos de seguros estatales hacia Nación Seguros, una empresa del Estado. El centro de la investigación radica en el decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre de ese año, que establecía que los ministerios y organismos estatales debían contratar exclusivamente con Nación Seguros. Según los fiscales, esta normativa habría favorecido a intermediarios privados sin realizar licitaciones públicas, lo que habría perjudicado al Estado y afectado la transparencia de los procesos contractuales.

Fernández se defiende: sin implicación en la maniobra fraudulenta

En su declaración ante el juez, Alberto Fernández negó cualquier implicación en el esquema de intermediación fraudulenta que se investiga. Acompañado por su abogada, Mariana Barbitta, el exmandatario presentó un escrito de descargo en el que explicó el proceso detrás del decreto y rechazó las acusaciones que lo vinculan con la introducción de intermediarios privados. Según su defensa, la medida fue parte de una decisión administrativa para evitar la "carterización" de los fondos y garantizar que las divisas no salieran del país. Además, Fernández alegó que el decreto no permitía la intervención de intermediarios privados y que no benefició a ninguna persona en particular.

El contexto político y judicial del caso

La indagatoria de Alberto Fernández no solo está marcada por las acusaciones de administración fraudulenta, sino también por un fuerte contexto político. El expresidente ha recusado al juez Julián Ercolini, al considerar que no hay garantías de imparcialidad en su juicio. Esta recusación se suma a otros planteos legales realizados por su defensa, como la solicitud de nulidad de la citación a declarar, argumentando que la Corte Suprema aún no se había expedido sobre la recusación presentada. Sin embargo, la justicia rechazó estos pedidos, asegurando que el proceso debía continuar sin dilaciones.

¿Qué se investiga específicamente en la causa?

Además del decreto 823/2021, la investigación se enfoca en las presuntas irregularidades ocurridas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Durante ese período, según la acusación, se habrían utilizado fondos públicos de manera indebida para favorecer a empresas privadas mediante la intermediación de seguros, sin que se cumpliera con los procedimientos de licitación y sin transparencia en el proceso.

El exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros funcionarios también están implicados en la causa, y la investigación apunta a desentrañar cómo se orquestó este esquema para beneficiar a ciertos actores privados.

Repercusiones y futuro de la causa

El futuro de la causa depende de cómo avance la investigación judicial. Si bien el decreto 823/2021 fue posteriormente derogado por el actual presidente, Javier Milei, la implicación de Alberto Fernández y otros funcionarios en este supuesto esquema de fraude podría tener consecuencias significativas. La indagatoria continúa con las declaraciones de otros involucrados, y se espera que en los próximos meses se definan las responsabilidades legales de todos los implicados.