El expresidente Alberto Fernández ha solicitado suspender su indagatoria en la causa judicial sobre la intermediación de seguros en la que se lo acusa de presunta administración fraudulenta. La solicitud, presentada por su abogada Marian Barbitta, incluye un pedido de nulidad de la indagatoria y cuestiona la imparcialidad del juez encargado del caso. Este desarrollo podría tener importantes repercusiones tanto para el exmandatario como para los implicados en este entramado judicial. A continuación, analizamos los puntos clave de la situación.
El contexto de la causa de los seguros
La causa judicial que involucra a Alberto Fernández gira en torno a un supuesto esquema de corrupción en el que, según la acusación, se habrían direccionado contratos de seguros de entidades públicas hacia Nación Seguros S.A., sin licitaciones transparentes, lo que habría implicado un manejo irregular de fondos públicos.
Según la imputación, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, diversos funcionarios, en connivencia con Fernández, habrían operado de manera coordinada para beneficiar a Nación Seguros mediante la intermediación de particulares y empresas. Este sistema habría afectado gravemente los principios de competencia y transparencia en las contrataciones públicas, cruciales para el manejo de recursos del Estado.
Petición de nulidad de la indagatoria
La defensa de Fernández ha planteado varios argumentos para suspender la indagatoria programada para este miércoles. En primer lugar, se reclama la nulidad de la indagatoria debido a que el juez Julián Ercolini, que lidera la causa, fue recusado en el inicio del expediente, pero la Corte Suprema de Justicia aún no ha resuelto esta disputa sobre su imparcialidad. Según Barbitta, esta circunstancia convierte el llamado a indagatoria en nulo, ya que se considera que fue ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad está en duda.
Además, la abogada argumenta que la acusación contra Fernández es "confusa y generalizada", destacando la falta de claridad en la imputación, que según ella, presenta deficiencias tanto en la cronología de los hechos como en los detalles específicos de las acusaciones. Según la defensa, estos errores de precisión afectan la validez de la indagatoria.
El impacto del decreto 823/2021
Una pieza clave en la causa es el decreto 823/2021, firmado por Fernández durante su mandato, que establecía que los ministerios y organismos estatales debían contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Según los fiscales, esta normativa impidió las licitaciones públicas, lo que a su vez favoreció a esta aseguradora estatal, restringiendo la competencia y fomentando un esquema de corrupción. En este contexto, la acusación sostiene que Fernández, al firmar este decreto, favoreció un sistema que no solo fue opaco, sino que perjudicó al Estado.
El actual presidente, Javier Milei, derogó dicho decreto a través de la normativa 747/2024, emitida en agosto de 2024. Sin embargo, el hecho de que el decreto estuviera vigente en 2021 y 2022 es central en la acusación contra el expresidente.
El futuro de la causa y las próximas indagatorias
Mientras se resuelve la situación de Fernández, otros 38 imputados continúan enfrentando cargos relacionados con la misma causa, entre ellos el exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros exfuncionarios del organismo. Las indagatorias de estos implicados siguen su curso, y se espera que algunos de ellos sean citados en los próximos días, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.