La causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez, avanza hacia su etapa decisiva. El fiscal Ramiro González se encuentra elaborando el pedido formal de elevación a juicio oral, que podría presentarse entre mañana y pasado mañana ante el juez Julián Ercolini.
En abril pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por "lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género", "lesiones graves" y "amenazas coactivas" contra Yañez, con quien mantuvo una relación desde al menos 2016 hasta agosto de 2024.
Tras un año de investigación, el fiscal consultó la opinión de las partes. Fabiola Yañez presentó un escrito donde solicitó una pena de 12 años de prisión y rechazó cualquier alternativa como la probation o compensaciones económicas.
La investigación detalló que existió un "contexto de violencia de género marcado por una relación asimétrica de poder" entre Fernández y Yañez. Según el fallo de la Cámara, firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la relación estuvo atravesada por una "violencia habitual y constante", principalmente psicológica, pero también con episodios físicos recurrentes.
Se remarcó que los hechos ocurrieron en un ambiente de aislamiento dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad, lo que agravó la situación de vulnerabilidad de la víctima, cuyo deterioro en salud fue atribuido directamente a esa violencia.
Los abogados de Yañez subrayaron además que la condición de expresidente, funcionario público y referente social de Fernández profundizó la desigualdad de poder en la relación, tanto a nivel real como simbólico.
Por su parte, la defensa del expresidente presentó diversos recursos y solicitó medidas probatorias adicionales en un intento por dilatar el proceso, pero el juez Ercolini rechazó todas esas peticiones. En febrero de este año, el magistrado dictó el procesamiento de Alberto Fernández, embargó sus bienes por diez millones de pesos y estableció una restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Yañez o contactarla por cualquier medio.
Fernández apeló la decisión con un escrito de 59 páginas, negando todas las acusaciones y solicitando su sobreseimiento, argumentando falta de pruebas directas y cuestionando la validez de los chats que supuestamente probarían la violencia.
En paralelo, la Justicia autorizó un régimen provisional de visitas presenciales entre el expresidente y su hijo Francisco, que reside en España con Yañez. Los encuentros se realizarán en Buenos Aires, una semana por mes durante tres meses.