Alertan sobre graves riesgos ambientales y laborales en minera de Fiambalá
Luis Sgro, licenciado en Higiene y Seguridad y exintegrante del proyecto Tres Quebradas, advirtió sobre serias falencias en materia de seguridad, protección ambiental y protocolos operativos en la explotación de litio. Sus declaraciones generaron preocupación.

Las actividades de explotación de litio en la zona de Fiambalá volvieron a quedar en el centro de la polémica tras las advertencias formuladas por el licenciado en Higiene y Seguridad Luis Sgro, quien confirmó la existencia de riesgos ambientales y laborales en la minera de capitales chinos que opera en la región. El profesional formó parte de la primera etapa del proyecto Tres Quebradas y aseguró conocer en profundidad el funcionamiento interno de la planta y las condiciones de trabajo actuales.

Las declaraciones de Sgro a FM Tabaruco se produjeron luego de un nuevo incidente vial ocurrido en plena Cordillera, donde un camión cisterna que transportaba salmuera volcó en el Paso San Francisco, encendiendo nuevamente las alarmas por el impacto ambiental que podría derivarse de este tipo de siniestros. Según explicó el especialista, los riesgos no se limitan a hechos aislados, sino que responden a una serie de falencias estructurales que comprometen tanto a los trabajadores como al entorno natural y a la comunidad.

En ese marco, Sgro detalló que en la planta los empleados no cuentan con los elementos de protección personal adecuados para el tipo de tareas que realizan. "Los trabajadores utilizan barbijos comunes en lugar de máscaras con filtros apropiados, anteojos comunes en vez de antiparras de seguridad y no disponen de mamelucos descartables", señaló. Esta situación —advirtió— representa un riesgo directo para la salud de los operarios y, por extensión, para la población de Fiambalá.

Respecto del vuelco ocurrido en el Paso San Francisco, el licenciado remarcó que el camión involucrado circulaba con las ruedas completamente lisas, una condición que calificó como "totalmente fuera de toda lógica y de cualquier normativa básica de seguridad vial". Asimismo, recordó que durante su paso por la empresa presentó un proyecto técnico para la construcción de un camino alternativo, con el objetivo de minimizar riesgos de accidentes y posibles episodios de contaminación sobre la ruta internacional. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por la compañía.

Sgro también fue especialmente crítico del operativo desplegado tras el vuelco del camión cisterna. Según relató, personas pertenecientes a la empresa Zijin Liex fueron las encargadas de recoger la sustancia derramada utilizando únicamente sus propios cascos, sin trajes adecuados, sin protocolos específicos y sin medidas mínimas de seguridad. "Eso es extremadamente grave desde el punto de vista ambiental y laboral", afirmó.

El especialista advirtió además que, en caso de que la salmuera u otras sustancias utilizadas en el proceso extractivo llegaran a un curso de agua, como un río, la contaminación sería prácticamente imposible de revertir. "Una vez que ese tipo de material ingresa al sistema hídrico, el daño es irreversible", subrayó.

Cada uno de los detalles aportados por Sgro generó un fuerte impacto en la comunidad de Fiambalá, donde vecinos y organizaciones locales siguen con atención el avance del proyecto minero y manifiestan creciente preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la explotación de litio. En ese contexto, las declaraciones del profesional reforzaron los cuestionamientos que hoy rodean el intento de la empresa por obtener la denominada Licencia Social, un requisito clave pero cada vez más discutido en la localidad.

Mientras desde la compañía se insiste en mostrar avances productivos y compromisos ambientales, las advertencias de un técnico que formó parte del proyecto y que conoce el funcionamiento interno de la operación reavivan el debate sobre los controles, la seguridad y la transparencia en el desarrollo de la minería en la región.

Las denuncias ponen nuevamente en foco la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, exigir el cumplimiento estricto de los protocolos ambientales y garantizar condiciones laborales seguras, en una actividad que, por su magnitud e impacto, genera efectos directos sobre el territorio y la vida cotidiana de las comunidades andinas.