El juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas comenzó con fuertes revelaciones sobre el presunto funcionamiento del sistema de corrupción que habría operado durante los gobiernos kirchneristas. En la audiencia inaugural, la Justicia determinó que Cristina Fernández de Kirchner recibió coimas por más de 10,4 millones de dólares, correspondientes a 40 hechos leídos en el primer tramo del debate oral.

El proceso, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la acusación encabezada por la fiscal general Fabiana León. La lectura del requerimiento de elevación a juicio se extendió por más de cuatro horas y estuvo centrada en los detalles del mecanismo que la Justicia describió como una "organización criminal" que habría operado desde las más altas esferas del Estado entre 2003 y 2015.

Durante la audiencia, se explicaron los fundamentos del esquema de recaudación ilegal atribuido a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, liderado por Julio De Vido, y empresarios de distintos rubros vinculados a la obra pública, el transporte y los servicios concesionados. Según el expediente, esos aportes eran trasladados en efectivo y, en muchos casos, entregados directamente en el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, residencia de la entonces presidenta.

De los 204 hechos de cohecho pasivo imputados a Fernández de Kirchner, el tribunal leyó los primeros 40, que —según la acusación— suman un total de 10.400.000 dólares. Las coimas restantes, 164 hechos adicionales, serán detalladas en las próximas audiencias y podrían elevar significativamente la cifra final.

El fiscal Carlos Stornelli fue quien, al cierre de la instrucción, pidió la elevación a juicio, estructurando su acusación sobre cuatro ejes:

Los pagos ilegales registrados por el chofer Oscar Centeno en sus famosos cuadernos.

La adjudicación irregular de contratos ferroviarios.

Los corredores viales.

La cartelización de la obra pública, que benefició a un grupo de empresarios afines al poder político.

De acuerdo con el requerimiento, existió "un sistema de recaudación de dinero desplegado por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", quienes acordaban con empresarios beneficios recíprocos a cambio de contratos y adjudicaciones. La acusación describe dos canales de recaudación: uno directo, donde los funcionarios recibían los pagos en mano, y otro indirecto, intermediado por Ernesto Clarens y Carlos Wagner, considerados piezas clave en la estructura.

Entre los 24 imputados colaboradores que reconocieron haber participado o presenciado las maniobras se encuentran exfuncionarios y empresarios de peso, como Claudio Uberti, José López, Gerardo Ferreyra, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Jorge Neira, entre otros. Todos ellos aportaron detalles que confirmaron el funcionamiento del sistema de pagos ilegales documentado por Centeno.

Durante la lectura del requerimiento, el tribunal dejó constancia de que "Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y otros, integraron una asociación ilícita que funcionó entre mayo de 2003 y noviembre de 2015", cuyo fin habría sido recaudar dinero ilícito, enriquecerse ilegalmente y financiar otros delitos.

En el caso de la exmandataria, la Justicia considera probada su intervención como jefa de la asociación ilícita, en un rol de conducción política y de decisión sobre la distribución del dinero. Respecto de Néstor Kirchner, el proceso fue extinguido por fallecimiento y se dictó su sobreseimiento.

Los primeros 14 hechos leídos durante la jornada inicial suman 4,5 millones de dólares, mientras que otros cinco sobornos atribuidos a la empresa Electroingeniería, presidida por Gerardo Ferreyra, no especificaron montos. Catorce pagos más, también sin cifras determinadas, habrían tenido como destino el departamento de Recoleta, y otros cinco suman 5,9 millones de dólares, totalizando los 10,4 millones confirmados en esta primera parte.

Con 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados, el juicio de los Cuadernos se perfila como uno de los más relevantes en la historia judicial argentina reciente. En las próximas audiencias se espera que la cifra de dinero involucrado crezca sustancialmente y que se escuchen los primeros alegatos de las defensas, mientras la expresidenta enfrenta una nueva etapa en su extenso frente judicial.