En la cuarta sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, y luego de un extenso debate, se aprobó por mayoría el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que establece un nuevo Código de Procedimiento Minero. La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado para obtener sanción definitiva, instaura una Autoridad Minera Administrativa, la cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de Minería y teniendo aquella la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales en la medida en que exista un control judicial posterior. 
Desde el oficialismo, se remarcó que el proyecto aspira a simplificar la administración y agilización de los trámites, acortando los plazos y términos del procedimiento vigente, mejorando de este modo el atractivo de la provincia frente a los inversores.  
El punto principal de discusión del proyecto pasó por el cambio de la autoridad minera, que pasó de ser judicial -a cargo del Juzgado de Minas-, a ser administrativa - a cargo del Ministerio de Minería. Por el oficialismo, el diputado Augusto Barros rechazó enfáticamente la presunta inconstitucionalidad de la iniciativa (en relación al artículo 203 de la Constitución Provincial) señalando que “la Corte de Justicia de Catamarca en un fallo dio la razón por la mayoría de los votos sobre la existencia de la jurisdicción administrativa, es decir, en cuanto a las funciones jurisdiccionales de la autoridad minera. En este caso, el Poder Ejecutivo.”  Además, esgrimió que “transformar la autoridad administrativa significa que no se necesita patrocinio legal, la administración es informal, se trata de un procedimiento, no de un proceso”.  
Por su parte, Tiago Puente (UCR) consideró que el proyecto sería inconstitucional porque conculcan lo dispuesto por la Carta Magna provincial, puesto que indica que “corresponde a la Corte de Justicia y demás tribunales o juzgados inferiores, el conocimiento y decisión de todas las causas civiles, comerciales, laborales, criminales y de minería, según que las cosas y las personas caigan bajo la jurisdicción provincia”. 
Básicamente, el resto de los legisladores esgrimieron razones similares en sus alocuciones. 
Por su parte, Carlos Marsilli (UCR) dijo que acompañaba el proyecto contemplando que se debe “pensar en la juventud que espera ansiosa tener una oportunidad mejor”. “Que la actividad minera deje de ser un negocio inmobiliario” agregó.  
En tanto, que Enrique Cesarini (PRO) expresó que, como legislador, “pretendo el progreso y el crecimiento de mi provincia, pretendo supervisar el sistema y dejar en claro que como bloque vamos a acompañar”.