El Gobierno recalcula también en materia de Seguridad. Hace solo dos semanas, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández había desestimado el envío de fuerzas federales a Río Negro que reclamaba la gobernadora Arabela Carreras ante la multiplicación de ocupaciones de terrenos privados a manos de miembros de la comunidad mapuche. “No es un libertinaje en el que las fuerzas (federales) se puedan meter en las provincias. La provincia tiene el poder de policía que le pertenece”, dijo entonces el reemplazante de Sabina Frederic luego de hablar con la mandatario provincial.
La escalada de la violencia en la provincia patagónica con incendios provocados en El Bolsón, amenazas y usurpaciones obligaron al jefe de la Cartera de Seguridad a revisar su estrategia. El Gobierno autorizó finalmente el envío de efectivos de Gendarmería a Río Negro. En la sede del ministerio en la calle Gelly y Obes destacaron que fue una decisión exclusiva del ministro, pero acordada con el Presidente.
“Hablé recién con el ministro Aníbal Fernández que me dijo que cumpliendo con la ley de Seguridad está enviando gendarmes para patrullar y prevenir que no se cometan actos de vandalismos”, confirmó la flamante portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti a los periodistas acreditados en Casa Rosada.
Los gendarmes junto a otras fuerzas federales, como la Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serían destinados a Bariloche y a El Bolsón fundamentalmente. Se ubicarían también también en Villa Mascardi, donde desde hace 4 años hay una ocupación de la comunidad Lafken Winkul Mapu, denunciados por agresión por vecinos de la zona.
“El ministro instruyó a las fuerzas de seguridad sobre todo a Gendarmería, que es la que más tiene presencia en la zona, para que distintos sectores refuercen las áreas afectadas por el conflicto; para combinar con el ministerio de Seguridad y la policía de la provincia”, confirmaron sus laderos.
El Gobierno no enviará a Gendarmes de otras de regiones del país, como sucedió la semana pasada en Rosario, cuando desembarcaron 575 efectivos. Esta vez se reagruparían fuerzas de Neuquén, Chubut y Río Negro. “El tema está adquiriendo magnitud y cuando es necesario cambiar un criterio, se cambia”, razonaron en la Cartera de Seguridad.
La negativa inicial del Gobierno tensiona la relación con la gobernadora de Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial que hasta ahora solía acompañar las iniciativas del oficialismo en el Congreso. “Estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. Es lo que corresponde. No estoy pidiendo un favor; estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más”, sostuvo Carreras en declaraciones a CNN Radio.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, por disposición de procurador Eduardo Casal, creó un equipo de fiscales para investigar los ataques de miembros de la comunidad mapuche en el Sur. El equipo también estará integrado por la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little, quien había presentado su renuncia en las últimas horas, luego de que la Justicia absolviera a María Nahuel, la tía de Rafael, el joven asesinado por Prefectura en 2017.
Efectivamente la renuncia original del Gobierno a enviar fuerzas federales al sur pretendía evitar situaciones de conflicto y represión como las que protagonizó la Cartera de Patricia Bullrich y que desembocaron en las muertes de Nahuel y Santiago Maldonado, entre otros casos de impacto político y mediático.
En tanto, el ministro de Seguridad recibió durante el transcurso de la tarde a la madre de Lucas Cancino, el joven asesinado en Quilmes, y a la intendenta local Mayra Mendoza.
El senador de Río Negro y antecesor de Carreras en la gobernación, Alberto Weretilneck, cargó también contra la gestión del Gobierno que demoró el envío de fuerzas federales al Parque Nacional Nahuel Huapi y apuntó contra la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del ministerio de Justicia, Magdalena Odarda.
El ex gobernador también apuntó contra la asistencia jurídica que el embajador en Chile Rafael Bielsa le presta a Facundo Jones Huala, líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a cargo del Pu Lof Cushamen, en Esquel (Chubut), donde murió ahogado Maldonado. "Es indefendible e inexplicable", dijo. Más duro aún había sido el secretario de Seguridad de Chubut Federico Massoni. “Aunque les den libertad condicional, terroristas como éstos no pisarán la provincia", declaró.
El Gobierno, a través de Cerruti defendió la intervención del ex canciller de Néstor Kirchner. "El embajador Bielsa hizo lo que tiene hacer un embajador o un consulado que es participar de las audiencias donde están imputados los ciudadanos argentinos para garantizar su legítima defensa. Se presentó el embajador y no el cónsul por el nivel repercusión que podía tener", explicó la Portavoz.
