El juicio oral por la denominada causa de los cuadernos de las coimas continúa su marcha con la séptima audiencia celebrada este jueves en el Tribunal Oral Federal N°7. El proceso, considerado uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente, avanzó en la lectura formal de la acusación fiscal mientras persisten los planteos de las defensas, entre ellas la del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que esta semana volvió a intentar apartar a los jueces del tribunal.

La audiencia pasada había quedado envuelta en una fuerte controversia luego de que los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, solicitaran la recusación de los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli. La presentación se fundamentó en una supuesta falta de imparcialidad, a partir de la reciente publicación de los fundamentos de la condena contra el ex ministro en la causa conocida como Gas Licuado. Según los abogados, ese fallo preanunciaría un posicionamiento adverso hacia su defendido en este nuevo proceso.

La discusión derivó en una interrupción prolongada: lo que se anunció inicialmente como un cuarto intermedio de diez minutos se extendió en la práctica por casi cinco horas, durante las cuales la transmisión oficial del Poder Judicial en YouTube permaneció con pantalla en negro. Finalmente, los jueces resolvieron rechazar "in limine" el planteo de recusación, al considerar que no había argumentos válidos para apartarlos. Rusconi, disconforme, denunció "palmarias violaciones" en el proceso, adelantó que apelará la decisión en la Cámara Federal y anunció que solicitará la presencia de un veedor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para supervisar el avance del juicio.

Superado el incidente, el secretario del tribunal, Ernesto Javier Ruiz, reanudó la lectura de la imputación correspondiente a la causa 96.969/2018/TO2, en base al requerimiento elaborado por el fiscal Carlos Stornelli. Según ese texto, entre 2003 y 2015 "funcionó una asociación ilícita que fue formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional".

En esa estructura delictiva —sostiene la acusación— habrían intervenido la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; su ex mano derecha, Roberto Baratta; el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos; y otros imputados, conformando un sistema destinado a "permitir que sus integrantes pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal", a través de negociaciones con empresarios de diversos sectores económicos.

El escrito fiscal describe dos canales paralelos pero complementarios para la recaudación de fondos: por un lado, el núcleo de funcionarios encabezado por Baratta, asistido por su secretario, Nelson Lazarte; por otro, un grupo de intermediarios y financistas identificados como "la Camarita", entre quienes figuran Ernesto Clarens, Carlos Wagner y José López. Ambos circuitos habrían operado con una lógica jerárquica, coordinando la recolección sistemática de dinero que era entregado en el departamento de los Kirchner en Recoleta o en la Quinta de Olivos. A cambio, según Stornelli, se favorecía a empresas mediante contratos públicos y otros beneficios.

Una parte central de la acusación se sustenta en las anotaciones de los cuadernos de Centeno y en su posterior declaración como arrepentido. Si bien Stornelli aclara que muchas cifras son aproximadas, los cuadernos permiten reconstruir presuntos pagos y fechas clave. Entre ellos, se menciona un aporte inicial de 1,5 millones de dólares que habrían entregado funcionarios de la empresa Panedile, encabezada entonces por Hugo Dragonetti. El empresario, imputado por 22 hechos de cohecho, reconoció parte de los pagos en su declaración indagatoria, aunque discrepó con algunos montos, asegurando que uno de los pagos habría sido de 35.000 dólares y no de 1,5 millones.

De acuerdo con la fiscalía —representada en el juicio por Fabiana León— Panedile fue la tercera compañía más beneficiada en materia de obras energéticas durante los años en los que funcionaría el presunto esquema. Esa relación entre adjudicaciones y retornos constituye, para los acusadores, una de las piezas clave para demostrar la existencia del sistema ilícito.

El juicio continúa con la lectura de la acusación y con la expectativa de que, superados los planteos iniciales, avancen las declaraciones, la incorporación de evidencia y la etapa de testimoniales. El TOF 7 deberá resolver, tras meses de audiencias, si existió o no la estructura criminal que describe la fiscalía y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los imputados.