La Casa Rosada se convirtió este martes en el epicentro de una actividad política frenética y decisiva para el futuro legislativo del país. Durante una hora y cuarenta y cinco minutos, la cúpula del oficialismo libertario se congregó en el despacho de la planta baja del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un objetivo imperativo: blindar el proyecto de Modernización Laboral antes de su tratamiento clave en el Senado, previsto para el día de mañana.
El encuentro, convocado por el propio Adorni días atrás, funcionó como un laboratorio de estrategia política para pulir los puntos más controversidos de una iniciativa que cuenta con un total de 182 artículos, de los cuales aproximadamente veinte se encuentran bajo una revisión estricta y final para garantizar su avance legislativo.
La relevancia de la reunión quedó de manifiesto por la jerarquía de sus asistentes, quienes ingresaron por la explanada de Balcarce 50 para conformar el elenco estable de estas discusiones de alto nivel. Entre los presentes se destacaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A este grupo se sumó, como invitado habitual por el impacto económico de la norma, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia fue breve pero fundamental, retirándose tras la primera hora de debate para dar paso a las definiciones políticas más técnicas.
El dilema fiscal de Ganancias y el giro a las provincias
Uno de los mayores escollos para el oficialismo reside en el artículo que propone bajar la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, una medida con profundas implicancias en términos fiscales. El proyecto original contempla disminuciones que llevan las alícuotas del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría. Sin embargo, el impacto en la recaudación nacional y el posterior giro de fondos a las provincias vía coparticipación ha generado una fuerte resistencia entre los mandatarios locales.
Según estimaciones fiscalistas detalladas durante el encuentro, la pérdida total sería del 0,22%, donde 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación, un costo que hoy los gobernadores no están dispuestos a asumir.
Ante la negativa de los mandatarios provinciales a recibir menos fondos, la mesa política se debatió entre una baja más atenuada en el tiempo o la eliminación rasa de la normativa del proyecto actual para facilitar su trámite. Una alternativa que ganó fuerza durante la reunión fue prolongar los plazos para la baja de manera progresiva, planteando una reducción del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.
No obstante, con el fin de no entorpecer la discusión general de la reforma laboral, en el seno del Gobierno ya se evalúa la posibilidad concreta de retirar este punto y reimpulsar la reforma tributaria específica en un futuro proyecto de ley independiente que no ponga en riesgo los consensos actuales.
Concesiones estratégicas y acuerdos con la CGT
Para asegurar los votos necesarios y evitar una confrontación mayor en las calles, el oficialismo ha decidido realizar concesiones significativas que buscan desactivar la resistencia de la CGT y de otros sectores corporativos con peso en el Congreso. En un giro táctico, el Gobierno habría cedido en el artículo que reducía el aporte patronal destinado a obras sociales del 6% al 5%, una cifra que equivale a unos 800 millones de dólares anuales y que resulta vital para el financiamiento sindical. Asimismo, se decidió no mantener la parte del proyecto que elevaba la importancia de los convenios por empresa en detrimento de los convenios nacionales, una medida que los gremios más grandes denunciaban como un debilitamiento directo de su posición de negociación colectiva.
En la misma línea de ajustes técnicos y políticos destinados a limar asperezas, el oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212, el cual facultaba originalmente a Luis Caputo a determinar cambios tributarios de la ley cuando lo dispusiera de forma discrecional. También se eliminarían los apartados que derogaban estatutos especiales de larga data, como el del Periodista, y se dio marcha atrás con la habilitación del pago de salarios a través de billeteras virtuales, una medida que generaba un fuerte rechazo en el sector de los bancos tradicionales. Estas modificaciones demuestran la voluntad del oficialismo de sacrificar puntos de fricción en pos de la aprobación del núcleo duro de la modernización propuesta.
El horizonte legislativo en el Senado
Pese al hermetismo que reinó tras el encuentro de casi dos horas, la estrategia oficialista apunta ahora a comunicar estas disposiciones finales a los bloques aliados del Senado en una reunión prevista para última hora de este jueves. La intención es realizar una revisión exhaustiva del texto final para evitar cualquier error de redacción o de interpretación legal antes de presentar formalmente las modificaciones en el recinto. En el Gobierno aseguran, tanto en público como fuera de los micrófonos, que cuentan con los votos necesarios para obtener la media sanción en la votación en general sin mayores contratiempos.
Tras las reuniones previas de Patricia Bullrich con jefes de bloque opositores y senadores determinantes, el oficialismo estima que podría superar los 40 votos en la mayoría de las cuestiones técnicas y artículos consensuados. La misión de la mesa política ahora es consolidar este equilibrio de fuerzas, transformando las concesiones realizadas en la llave definitiva que abra la puerta a la sanción de la reforma en la Cámara Alta y permita al Gobierno mostrar un triunfo legislativo contundente en las próximas semanas.