La Cámara de Diputados se encamina a una jornada de definiciones estructurales. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) confirmó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 11, centrando el debate en dos pilares que marcarán el pulso de la agenda gubernamental: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil y el tratamiento del postergado Acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Esta decisión parlamentaria, confirmada por fuentes a la Agencia Noticias Argentinas (NA), representa un intento del Poder Ejecutivo por consolidar su fuerza legislativa mediante acuerdos estratégicos con los sectores denominados dialoguistas.
El consenso por la edad de imputabilidad
El eje central de la disputa y posterior acuerdo ha sido la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados por el sistema penal. Inicialmente, el Gobierno nacional impulsó una iniciativa que fijaba el límite en los 13 años. Sin embargo, ante la falta de consenso y la resistencia de los bloques aliados, el oficialismo debió retroceder para evitar un revés parlamentario.
De acuerdo a la información parlamentaria disponible, una de las razones centrales para retirar momentáneamente el proyecto original fue, precisamente, la necesidad de unificar criterios con los sectores que garantizan la gobernabilidad. Los bloques aliados insistieron en fijar la edad de imputabilidad en 14 años, respetando la línea del proyecto que ya contaba con dictamen el año pasado. El Ejecutivo, en un gesto de buena voluntad, enviará en las próximas horas una nueva versión del texto que se ajusta a este requerimiento para asegurar los votos necesarios en el recinto.
Financiamiento y estructura del nuevo régimen
El nuevo proyecto que ingresará a la Cámara baja no es una copia exacta de sus predecesores, sino que incorpora elementos técnicos para garantizar su viabilidad. Si bien mantiene una estructura similar al texto que obtuvo dictamen en mayo de 2025, la versión actual introduce una modificación de carácter presupuestario que resulta determinante para su implementación efectiva. Los puntos técnicos destacados del proyecto incluyen:
- Edad de imputabilidad: Establecida finalmente en 14 años.
- Asignación específica de fondos: Destinados a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia.
- Objetivo de financiamiento: Asegurar que el nuevo sistema cuente con los recursos económicos necesarios para operar desde su sanción.
- Consenso legislativo: El texto fue adaptado para integrar las demandas de los bloques que funcionan como nexo entre el oficialismo y la oposición más dura.
Con este movimiento, el Gobierno busca no solo sancionar la ley, sino también dotarla de una estructura de financiamiento que responda a las críticas sobre la falta de presupuesto para los regímenes juveniles.
El Acuerdo Mercosur-Unión Europea en la agenda
Paralelamente al debate penal, el oficialismo ha decidido dar un impulso definitivo al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este tratado internacional será analizado este martes por la tarde en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, funcionando como la antesala necesaria para su posterior tratamiento en la sesión especial del jueves.
La inclusión de este punto responde al marco de las sesiones extraordinarias impulsadas por el Poder Ejecutivo, que busca aprovechar el periodo estival para cerrar acuerdos de gran calado geopolítico y económico. La integración con el bloque europeo es vista por el Gobierno como una oportunidad para ampliar mercados, aunque su debate en comisión promete ser intenso debido a las diversas posturas de los sectores productivos nacionales.
Con esta doble agenda, la Casa Rosada intenta consolidar acuerdos políticos que le permitan sortear resistencias dentro de un Congreso fragmentado. La sesión de este jueves será el termómetro definitivo para medir la capacidad del oficialismo de transformar el diálogo con sus aliados en leyes concretas que cambien el marco jurídico y comercial del país.