El secretario general Pablo Machado Aráoz y secretario gremial Claudio Valentín Carrizo de la Asociación de Trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda (ATIPV) solicitaron que se deje sin efecto la medida dispuesta por el administrador del IPV, Juan Ariel Orellana, que consiste "en la baja en la calificación del personal establecido a los efectos de la última liquidación del adicional fondo estímulo", indicaron a través de una misiva.

"La que provoca una significativa pérdida en las remuneraciones de los afiliados alcanzados, en tanto que la misma resulta absolutamente infundada, manifiestamente ilegal y formalmente improcedente, toda vez que en el contexto en que se dispuso resulta de neto corte antisindical, encuadrada en el art. 53 inc. e) y j) de la ley 23.551, que taxativamente tipifica las conductas del empleador que configuran prácticas desleales contrarias a la ética de las relaciones profesionales de trabajo o en su caso contra la asociación sindical que los representan y en defensa de todos los afiliados involucrados", manifestaron. 

Además, pidieron la revocación y cese de la medida, que se arbitren los medios necesarios para que se proceda a liquidar nuevamente el adicional conforme las calificaciones obtenidas por el personal en los meses inmediatamente anteriores, poniendo a disposición del personal alcanzado las diferencias de haberes resultantes en base a los fundamentos que exponen. 

En este marco, la asociación resolvió, a través de encuestas directas a los afiliados, participar en las medidas de fuerza convocadas por la FUSSI que integran orgánicamente "en reclamo por la constitución formal de negociaciones paritarias salariales y la recomposición de los haberes de todos los empleados estatales".