Cuatro policías quedaron detenidos ayer acusados del ataque a una familia qom en la ciudad chaqueña de Fontana. Después de haber sido apartados por el gobierno provincial tras difundirse videos de la violencia que ejercieron contra las personas la noche del 31 de mayo, ahora la Justicia activó la detención del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Omar Benítez, del cabo Cristian Ariel Flores y del agente Orlando Sergio Cabrera.

Los policías están imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios por los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, en un expediente en el que el Estado provincial se constituyó como querellante. Tres de ellos quedaron presos en el cuartel de Bomberos de Resistencia y el otro está en la comisaría de Colonia Benítez.

La detención de los agentes de la fuerza de seguridad de Chaco se dio después de las declaraciones por videoconferencia de tres de las víctimas y de una testigo. A partir de la cual tanto la fiscalía, que tomó el caso este lunes, como la querella estatal pidieron la prisión preventiva dado que consideran que existe un riesgo cierto de fuga y la posibilidad de que los imputados puedan entorpecer en la investigación. De hecho, en el barrio muchos denuncian con temor que los aprietes se incrementaron a partir de la viralización de la violencia institucional ejercida por los policías.

Para los fiscales ya había elementos suficientes para ordenar la detención de quienes aparecen en el video que se viralizó. Y también investigan qué pasó antes y después de lo que se ve en la filmación. “Considero que la gran mayoría del personal policial da la vida por la ciudadanía, pero cuando hay policías que cometen delitos también hay que ser tajantes, porque esto no se puede permitir en democracia”, dijo el fiscal Cáceres Oliva a la prensa local.

Los abusos policiales, justamente, fueron lo que motivaron a unas 30 personas de la comunidad a manifestarse frente a la comisaría 3 de Fontana el domingo 31 de mayo. Se habían juntado para reclamar por maltratos y discriminación permanente contra las personas del barrio. Eso propició el ataque salvaje de los policías en la casa de esta familia qom.

La versión policial indicaba que en ese grupo algunas personas lanzaron botellas y piedras contra la dependencia policial. Y que eso derivó en una persecución que terminó con los delitos graves que se vieron en las filmaciones viralizadas. Pero los investigadores no recolectaron pruebas suficientes de que el ataque de los vecinos haya existido.

Lo que relataron las víctimas fue diferente. Y es lo que se ve en los videos. Un grupo de agentes que irrumpe violentamente y armados a una casa sin orden de allanamiento. “Me agarraron a mí y a mi hija del cabello, eran seis policías. Y el oficial Hernández me pegó con la 9 (milímetros). A mi hijo y a mi sobrino los desfiguraron. En mi casa se encontraron cartuchos, se encontraron balas”, relató la dueña de casa en uno de los videos que se difundieron tras el ataque. Sin embargo, entre los detenidos no figura nadie con el apellido Hernández.

Durante la mañana del lunes siguiente al ataque, la madre de uno de los jóvenes arrestados denunció los hechos en la comisaría de Fontana. Una vez que los jóvenes fueron puestos en libertad, las mujeres que habían sido apresadas por los agentes denunciaron que en la comisaría al menos cinco efectivos abusaron sexualmente de ellas y las amenazaron con prenderlas fuego.

“`Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?', preguntaba uno de los policías. Después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres. Como cinco”, denunció una mujer en la filmación.

Una fuente con acceso a la investigación contó días atrás a este medio que en los exámenes preliminares a estas mujeres se comprobó que no hubo lesiones vaginales pero que sí “las manosearon”, lo que constituye el delito de abuso sexual simple.

"Este tipo de prácticas no solo violentan los derechos humanos de chaqueñas y chaqueños, si no que desprestigian a las fuerzas de seguridad”, comentó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, tras conocerse la detención de los policías.

Esta semana el grave problema de la violencia institucional que se da en varias provincias del país. Fue un tema a tratar durante la cuarta Reunión del Consejo de Seguridad Interior, que contó con la participación de manera virtual de la casi totalidad de los ministros provinciales encargados de la Seguridad de sus respectivos distritos y del presidente Alberto Fernández

La ministra de Seguridad Sabina Frederic aseguró en la apertura: “Las fuerzas de seguridad y quienes manejan la seguridad tienen que tener muy en claro el rol que les compete: perseguir el delito no da piedra libre para cualquier cosa, estamos obligados a recordar que existe un estado de derecho, que hay reglas, leyes y condiciones éticas que se deben respetar”. (Fuente Infobae)