Diputados aprobó la ampliación de las licencias parentales y la adhesión a la Ley Nicolás
Además, sancionó la expropiación de cinco superficies en Hualfín y Los Nacimientos, modificó el Reglamento Interno y aprobó cuatro declaraciones de interés parlamentario.

La Cámara de Diputados de Catamarca desarrolló su vigésima sesión ordinaria, bajo la conducción de su presidenta, Paola Fedeli, con una agenda que incluyó proyectos vinculados con la ampliación de derechos laborales, la seguridad en la atención sanitaria y la disponibilidad de tierras para impulsar iniciativas habitacionales, productivas y turísticas en el oeste provincial.

Durante el encuentro legislativo, el cuerpo otorgó sanción definitiva a una expropiación de cinco superficies ubicadas en las localidades belichas de Hualfín y Los Nacimientos. También dio media sanción a un nuevo régimen de licencias de corresponsabilidad parental para agentes de la Administración Pública y a la adhesión provincial a la Ley Nacional de Calidad y Seguridad Sanitaria, conocida como Ley Nicolás.

A estos temas se sumó la aprobación de modificaciones al Reglamento Interno para incorporar formalmente el sistema de votación electrónica desde las bancas. Además, los legisladores avalaron cuatro declaraciones de interés parlamentario relacionadas con la cultura, la educación, el turismo y la trayectoria docente.

Las iniciativas abordadas durante la sesión tuvieron distintos niveles de consenso y debate. Mientras algunos proyectos recibieron acompañamiento de representantes de diferentes espacios políticos, otros generaron cuestionamientos y posiciones contrapuestas, especialmente en torno a la expropiación de tierras en el departamento Belén.

Expropiación de cinco superficies en Hualfín y Los Nacimientos

Por mayoría, Diputados otorgó sanción definitiva al proyecto de ley iniciado en el Senado que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación cinco superficies de terrenos ubicadas en Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén.

La iniciativa comprende aproximadamente 86 hectáreas, que, una vez concretado el procedimiento de expropiación, serán transferidas gratuitamente y con cargo a la Municipalidad de Hualfín. El objetivo es que esos terrenos puedan destinarse al desarrollo de proyectos habitacionales, obras de infraestructura y actividades productivas, turísticas y culturales.

El miembro informante, Eduardo Andrada (FT), defendió la propuesta desde sus dimensiones jurídica, territorial e institucional. En primer término, sostuvo que el proyecto se ajusta a las disposiciones constitucionales y a la legislación provincial en materia de expropiaciones. Como respaldo, señaló que los terrenos están identificados mediante superficies, croquis, ubicación y coordenadas georreferenciadas incorporadas en los anexos del expediente.

Andrada explicó, además, que las tierras se encuentran en campos comuneros, por lo que la delimitación catastral definitiva deberá surgir de la mensura correspondiente, respetando los polígonos establecidos en la ley.

Al fundamentar la finalidad de la medida, el legislador oficialista planteó que la disponibilidad de tierras constituye una condición necesaria para planificar el crecimiento de las comunidades del interior. También advirtió sobre las dificultades que genera la falta de regularización dominial para avanzar con loteos sociales, infraestructura e inversiones productivas.

"Expropiar para ordenar es una herramienta de desarrollo, no un fin en sí mismo", afirmó. En esa línea, consideró que la transferencia posterior al municipio permitirá disponer de los terrenos para responder a las necesidades de los habitantes. "Votamos una herramienta de desarrollo territorial, de arraigo y de fortalecimiento municipal", remarcó.

Los cuestionamientos de la oposición sobre el destino de los terrenos

La iniciativa recibió objeciones de distintos sectores opositores, principalmente por la amplitud de los destinos previstos y la necesidad de contar con mayores precisiones acerca del uso que se dará a los inmuebles.

Javier Galán (MID) anticipó su voto negativo y manifestó reparos respecto de la reiteración de proyectos de expropiación tratados por la Legislatura. A su entender, uno de los principales problemas que atraviesan las comunidades del interior es la falta de oportunidades laborales, una situación que, según planteó, no necesariamente se explica por la ausencia de terrenos disponibles.

En la misma línea, Carlos Aibar Quintar (LLA) comunicó que su bloque tampoco acompañaría la propuesta. Si bien reconoció que existen iniciativas de expropiación que cuentan con documentación suficiente para su tratamiento, consideró que este expediente no reunía las condiciones necesarias para garantizar la claridad del procedimiento.

"Hemos manifestado tener la voluntad de acompañar siempre y cuando quede de manera transparente toda la información con respecto a la expropiación, y no es el caso de este proyecto", señaló.

Por su parte, Mamerto Acuña (Generar) coincidió en la necesidad de precisar los destinos de los terrenos antes de avanzar con una expropiación. Además, advirtió sobre una inconsistencia en la redacción del proyecto, puntualmente en la descripción de uno de los inmuebles de Los Nacimientos, donde se consignaban superficies diferentes en letras y números. Por ese motivo, pidió que se aclarara cuál era la extensión que efectivamente se autorizaba a expropiar.

Media sanción para un nuevo régimen de licencias por nacimiento y adopción

Otro de los proyectos centrales de la sesión fue la aprobación, con media sanción, de una iniciativa unificada de María Argerich, Juan Carlos Ledesma y Gladys Moro, los tres integrantes del FT, que propone crear un Régimen Especial de Licencia de Corresponsabilidad Parental para los agentes de la Administración Pública.

La propuesta busca ampliar los derechos vinculados al nacimiento y la crianza, incorporando a ambos progenitores en las tareas de cuidado y contemplando distintas realidades familiares.

Al fundamentar el proyecto, Argerich explicó que reúne iniciativas que desde hace varios años se impulsan en la Cámara y que tienen como eje el reconocimiento del cuidado como una responsabilidad compartida. Recordó también el antecedente de un proyecto de políticas de cuidado que había obtenido media sanción en Diputados, pero perdió estado parlamentario en el Senado.

La legisladora señaló que el nuevo régimen representa una transformación del sistema de licencias vigente, porque reconoce que la crianza no puede quedar asociada exclusivamente a la maternidad. En cambio, plantea que ambos progenitores deben contar con tiempo y herramientas para participar desde los primeros días de vida de sus hijos.

Uno de los aspectos centrales del esquema establece diferentes períodos de licencia para las personas gestantes y no gestantes:

Persona gestante: seis meses de licencia con goce íntegro de haberes.

Período inicial obligatorio: tres meses de uso exclusivo.

Período flexible: otros tres meses, que podrán utilizarse de manera compartida, continua o discontinua, de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Persona progenitora no gestante: una licencia inicial de 45 días corridos, con posibilidad de participar en el uso del período flexible.

El esquema apunta a que cada familia pueda organizar los tiempos de cuidado y distribuir las responsabilidades de acuerdo con sus propias necesidades.

Argerich detalló que la propuesta también contempla situaciones particulares, como adopciones, familias monoparentales, nacimientos múltiples, prematurez, internaciones neonatales, discapacidad y enfermedades graves o crónicas. Asimismo, incorpora previsiones para casos de interrupción del embarazo, alumbramiento sin vida y fallecimiento de la persona gestante.

Otro capítulo establece garantías destinadas a proteger la situación laboral de quienes hagan uso de estas licencias. Entre ellas se encuentran la estabilidad, la antigüedad, la carrera administrativa y la percepción íntegra de los haberes, incluidos sus bonificaciones, incentivos y premios vinculados a la asistencia, entre ellos el presentismo.

La diputada remarcó que el reconocimiento de las responsabilidades de cuidado también tiene consecuencias en el ámbito laboral, especialmente para las mujeres, que históricamente han asumido una mayor carga de esas tareas. "La política de cuidado también es una política de igualdad en el empleo", afirmó.

En cuanto a la aplicación del régimen, explicó que se incorporan previsiones para los servicios esenciales y de alto impacto, con el propósito de compatibilizar el ejercicio de los derechos laborales con la continuidad de las prestaciones estatales.

Acompañamiento y diferencias sobre algunos aspectos del régimen

Desde la oposición, Natalia Saseta (PRO) felicitó a los autores de la propuesta y valoró que el debate permita avanzar en el reconocimiento de las responsabilidades que implica la crianza. Durante su intervención, hizo hincapié en la desigual distribución de las tareas de cuidado y en las dificultades que atraviesan muchas mujeres para compatibilizar la maternidad con sus actividades laborales.

También se pronunció a favor Verónica Vallejos (LLA), quien destacó que la iniciativa reconozca la importancia de la presencia paterna durante los primeros días de vida y el acompañamiento a la madre. Consideró que la participación activa de ambos progenitores es fundamental para construir vínculos familiares y garantizar el desarrollo de los hijos.

Sin embargo, Vallejos planteó diferencias respecto de algunos aspectos del proyecto, particularmente por la inclusión de situaciones vinculadas con la interrupción del embarazo. La legisladora evaluó que existe una contradicción entre las políticas destinadas a promover la natalidad y el fortalecimiento de las familias y las referencias a esa situación dentro del régimen de licencias.

Adhesión a la Ley Nicolás para fortalecer la seguridad sanitaria

La Cámara también otorgó media sanción al proyecto presentado por Juan Carlos Ledesma (FT), que establece la adhesión de Catamarca a la Ley Nacional de Calidad y Seguridad Sanitaria N.º 27.797, denominada Ley Nicolás.

La normativa apunta a prevenir errores en la atención médica, fortalecer los mecanismos de control y generar herramientas institucionales para mejorar la seguridad de los pacientes en establecimientos públicos y privados.

Al presentar la iniciativa, Ledesma recordó el caso de Nicolás Lerna, un joven de 24 años que falleció en 2017 luego de recibir un diagnóstico equivocado de meningitis bacteriana. A partir de esa pérdida, su madre, Gabriela Covelli, inició una campaña que se extendió durante casi una década para impulsar una legislación que permitiera evitar situaciones similares.

El diputado destacó el trabajo de la familia y de la organización Por la Vida y la Salud para conseguir la aprobación de la norma nacional. Aclaró que el objetivo no es establecer un sistema de castigos para los trabajadores sanitarios, sino generar condiciones que permitan detectar fallas, corregir procedimientos y evitar que vuelvan a repetirse.

Entre las principales herramientas contempladas por la adhesión, Ledesma mencionó la implementación de una historia clínica digital única, que permitirá compartir la información de los pacientes entre los distintos establecimientos sanitarios de la provincia.

De esta manera, una persona atendida en un hospital del interior podrá continuar su tratamiento en la Capital sin depender de documentación en papel. La herramienta apunta a evitar la duplicación de estudios y los errores derivados de la falta de antecedentes médicos.

Desde La Libertad Avanza, Francisco Monti adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó que la norma representa un avance en materia de seguridad del paciente. También puso de relieve que la legislación haya surgido a partir de la lucha de una familia que convirtió una experiencia dolorosa en una iniciativa de alcance nacional.

En ese sentido, reconoció especialmente el trabajo de Gabriela Covelli y de quienes impulsaron la discusión legislativa durante años. También mencionó la labor del exdiputado nacional Fabio Quetglas, quien presentó el proyecto en el Congreso y trabajó para conseguir su tratamiento y aprobación.

La votación electrónica se incorporó al Reglamento Interno

En otro tramo de la sesión, Diputados aprobó el decreto impulsado por Paola Fedeli que modifica el artículo 132 del Reglamento Interno e incorpora formalmente la votación electrónica desde las bancas.

La medida busca adecuar las disposiciones parlamentarias al funcionamiento de los nuevos recintos, que cuentan con un sistema tecnológico para registrar y exhibir de manera inmediata el sentido del voto de cada legislador.

Como miembro informante, Damián Brizuela (FT) explicó que el reglamento vigente, aprobado en 2016, contemplaba únicamente las modalidades tradicionales de votación nominal o por signo, es decir, mediante el levantamiento de la mano.

La incorporación del nuevo mecanismo permitirá dar respaldo normativo al sistema electrónico y evitar posibles cuestionamientos sobre la validez de las votaciones realizadas mediante ese soporte.

Brizuela aclaró que la modificación no altera las reglas de fondo ni establece una modalidad discrecional, sino que actualiza el procedimiento operativo para adecuarlo a las herramientas disponibles en el recinto. Entre sus alcances, destacó que el sistema permitirá conocer de forma inmediata cómo votó cada integrante del cuerpo, fortaleciendo la publicidad de las decisiones y la responsabilidad individual de los representantes.

La reforma también contempla la incorporación del artículo 130 bis, que establece el carácter personal e indelegable del voto legislativo. En ese sentido, se prevén sanciones para quienes utilicen una banca o clave ajena, faciliten sus credenciales o alteren el funcionamiento del sistema.

Asimismo, los aspectos técnicos quedarán sujetos a la reglamentación de la Secretaría Parlamentaria. Ante eventuales fallas, se mantendrán disponibles los mecanismos tradicionales de votación.

"Modernizar esta Cámara no significa solamente incorporar esta tecnología, significa fortalecer nuestras instituciones, garantizar procedimientos transparentes y consolidar la confianza de los catamarqueños en sus representantes", remarcó Brizuela.