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Vialidad: piden intervenir los bienes de Lázaro Báez porque sigue administrándolos desde prisión

Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que intervenga activos vinculados al empresario, alcanzados por órdenes de decomiso en las causas Vialidad y Ruta del Dinero. Una investigación en Río Gallegos apunta a una presunta estructura que seguiría gestionando propiedades, alquileres y actividades agropecuarias bajo directivas del condenado.

Lázaro Báez
Lázaro Báez

18 Noviembre de 2026 07.25

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la designación de un administrador recaudador judicial para intervenir sobre distintos bienes vinculados a Lázaro Báez, que se encuentran alcanzados por órdenes de decomiso en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad. El planteo busca establecer un control efectivo sobre las propiedades y los ingresos que producen, ante la sospecha de que el empresario continuaría administrando parte de su patrimonio pese a encontrarse detenido.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se sustenta en una investigación que tramita en Río Gallegos, donde se analiza la presunta existencia de una estructura organizada para gestionar y movilizar activos relacionados con Báez. Según los elementos reunidos por los investigadores, algunos de esos bienes continuarían siendo explotados económicamente mediante contratos de alquiler y actividades de producción agropecuaria, mientras que los ingresos derivados de esas operaciones serían percibidos por terceros y permanecerían fuera del control judicial.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los bienes decomisados «siguen siendo explotados y generando frutos», entre ellos alquileres y producción agropecuaria. También advirtieron que esos recursos se percibirían «fuera de todo control jurisdiccional, por medio de terceros y bajo directivas del propio condenado».

La hipótesis de los fiscales sostiene que Báez, aun privado de su libertad, conservaría capacidad de decisión sobre la administración de propiedades y otros activos que integran su patrimonio. Para ello, presuntamente recurriría a personas de su confianza que actuarían como intermediarias y ejecutoras de sus instrucciones.

En ese contexto, Luciani y Mola identificaron a Cristian Sebastián Ibáñez como presunto operador de hecho de esa estructura y mencionaron también a Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario.

El administrador judicial que buscan designar los fiscales

El objetivo central del pedido es que el Tribunal Oral Federal 2 disponga la intervención de un administrador recaudador judicial que pueda inspeccionar cada una de las propiedades identificadas y determinar en qué condiciones se encuentran.

La tarea solicitada no se limitaría a verificar la existencia física de los inmuebles, sino que incluiría un relevamiento detallado de su situación de ocupación y explotación económica. Los fiscales pretenden que el administrador pueda establecer quiénes utilizan las propiedades, bajo qué condiciones y si existen contratos que generen ingresos para las personas vinculadas con el condenado.

En caso de comprobarse que determinados inmuebles están alquilados, el funcionario deberá identificar a las partes involucradas en los contratos, establecer los montos acordados y precisar las modalidades de pago utilizadas.

Otro de los puntos centrales de la solicitud consiste en notificar formalmente a los inquilinos que los alquileres se encuentran «sujetos a decomiso». De acuerdo con el planteo fiscal, los ocupantes deberán ser informados de que la única manera de cumplir con sus obligaciones contractuales será depositando las sumas correspondientes en la cuenta judicial de la causa.

La intención es impedir que los ingresos generados por propiedades alcanzadas por órdenes de decomiso continúen siendo percibidos por terceros sin intervención de la Justicia. Para los fiscales, si los bienes fueron objeto de medidas de decomiso y siguen produciendo rentas, esos recursos también deben quedar comprendidos dentro de las decisiones judiciales.

De esta manera, la intervención propuesta apunta tanto a controlar los activos físicos como a garantizar que los beneficios económicos derivados de su explotación queden bajo supervisión jurisdiccional.

Las comunicaciones interceptadas 

Una parte importante de la hipótesis fiscal se apoya en comunicaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial durante septiembre y octubre de 2026.

Según la presentación, esos registros permitirían identificar instrucciones relacionadas con la administración de las estancias Alquinta y La Entrerriana, la firma Austral Agro SA y distintos contratos de alquiler correspondientes a inmuebles vinculados con diversas sociedades.

Los fiscales consideran que esas comunicaciones constituyen elementos relevantes para sostener que, pese a estar detenido, Báez continuaría impartiendo directivas sobre la gestión de sus bienes a través de personas de su entorno.

La investigación procura determinar cómo funciona esa presunta estructura, quiénes intervienen en las decisiones y de qué manera se administran los recursos generados por los activos alcanzados por las medidas judiciales.

Entre los casos que despertaron especial atención aparece el de los departamentos ubicados en Zapiola 55, en Río Gallegos. De acuerdo con el escrito presentado por Luciani y Mola, la administración de esas unidades habría pasado inicialmente por una inmobiliaria local y posteriormente por una financiera de la zona.

Sin embargo, los fiscales señalaron que actualmente no se conoce quién percibe los cánones locativos correspondientes a esos inmuebles. Esa falta de información sobre el destino de los ingresos constituye uno de los argumentos para solicitar una intervención judicial que permita identificar a los responsables de la administración y controlar los pagos.

Los bienes alcanzados por las medidas de decomiso

La presentación también señala que la gran mayoría de los inmuebles y vehículos identificados durante la investigación ya estaban alcanzados por el decomiso dispuesto en la causa Ruta del Dinero o comprendidos dentro de la ejecución de las medidas ordenadas en el expediente Vialidad.

Para los fiscales, esta circunstancia refuerza la necesidad de establecer mecanismos de control sobre los activos y sobre cualquier ingreso que puedan generar.

Luciani y Mola sostuvieron que los contratos de alquiler vinculados con propiedades decomisadas no pueden quedar al margen de las órdenes judiciales. Si los inmuebles continúan produciendo rentas, esos recursos deben quedar sujetos a las mismas medidas de control y decomiso que alcanzan a los bienes que los generan.

En ese sentido, el pedido incluye un conjunto de propiedades, establecimientos y vehículos ubicados en la provincia de Santa Cruz.

Entre los activos que se busca colocar bajo administración judicial figuran:

Estancias Alquinta y La Entrerriana: establecimientos rurales mencionados en las comunicaciones interceptadas.

Edificio de Zapiola 55: seis unidades ubicadas en Río Gallegos, cuya administración habría pasado de una inmobiliaria local a una financiera de la zona.

Badial SA: inmuebles situados en Gregorio Funes 840, 850 y 880.

Kank y Costilla SA: un predio donde funciona un lavadero.

Propiedad de Córdoba 45: otro de los inmuebles incluidos en la presentación.

Austral Agro SA: una camioneta Toyota Hilux vinculada con la firma.

Ford Mondeo: un vehículo que cuenta con pedido de secuestro.

El relevamiento de estos bienes permitiría determinar su estado actual, establecer quiénes los utilizan y conocer si están generando ingresos que deban quedar a disposición de la Justicia.

El control de los alquileres, otro eje central del pedido

Uno de los aspectos más relevantes de la presentación está relacionado con el destino de los ingresos que producen las propiedades decomisadas. Para los fiscales, no alcanza con que exista una orden judicial sobre los inmuebles si, al mismo tiempo, estos continúan siendo explotados económicamente sin que el tribunal pueda controlar las rentas.

Por eso, el administrador recaudador tendría que identificar a los inquilinos, revisar las condiciones de los contratos y establecer los mecanismos mediante los cuales se realizan los pagos.

La notificación a los ocupantes de que los alquileres están sujetos a decomiso busca evitar que los recursos sigan ingresando a circuitos de administración ajenos al control jurisdiccional. La instrucción planteada es que los montos correspondientes sean depositados directamente en la cuenta de autos.

El planteo también apunta a esclarecer quiénes se encuentran actualmente detrás de la administración de los departamentos de Zapiola 55 y cuál fue el recorrido de esa gestión, que habría pasado de una inmobiliaria local a una financiera de Río Gallegos.

En términos generales, la medida solicitada pretende establecer una trazabilidad sobre los ingresos y los responsables de administrar los activos, además de impedir que las propiedades continúen generando beneficios económicos sin supervisión judicial.