La Cámara de Diputados dio un paso clave para el tratamiento del proyecto que declara la emergencia en discapacidad, al lograr la firma del dictamen de mayoría que será debatido en el recinto el 14 de mayo. La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria (UP) y acompañada por bloques opositores, propone actualizar las prestaciones en base al índice de inflación y asignar mayor presupuesto para tratamientos destinados a personas con discapacidad.
La definición se dio en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto, en una sesión sin participación del bloque oficialista de La Libertad Avanza, ni del diputado José Luis Espert. En su ausencia, la reunión fue encabezada por los diputados Daniel Arroyo (Discapacidad), Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública), y Carlos Heller (vicepresidente de Presupuesto), todos de UP.
El dictamen de mayoría —con 59 firmas— fue respaldado por UP, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. El radicalismo, Democracia para Siempre (DPS) y el PRO presentaron despachos de minoría con diferencias en puntos clave, como la duración de la emergencia, el alcance de las auditorías y la retroactividad de los aumentos.
La propuesta central del dictamen de mayoría plantea una compensación entre el porcentaje de actualización de aranceles desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período. El texto también aclara que no se podrá cobrar simultáneamente una jubilación y una pensión por discapacidad.
Durante el debate, Arroyo remarcó que "la situación crítica de las personas con discapacidad no empezó hace 14 meses, pero empeoró porque no hubo aumentos este año". Apoyó las auditorías, pero advirtió que el Gobierno no las está realizando de forma adecuada, generando incertidumbre en más de un millón de personas.
Desde el PRO, Martín Maquieyra propuso actualizar las prestaciones según el IPC y adaptar el lenguaje de los organismos públicos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su parte, Lisandro Nieri (UCR) destacó la necesidad de auditorías y de políticas para la promoción del empleo en el sector.
En tanto, la diputada Carla Carrizo (DPS) acompañó la emergencia pero pidió limitarla a un año, por tratarse de una medida "excepcional y transitoria". También propuso una compensación para 2024 y ajustes por inflación desde 2025.
Fuera del Congreso, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad se movilizaron en apoyo a la iniciativa. El objetivo de UP y aliados es alcanzar consensos con otros bloques para que, de aprobarse, el proyecto cuente con el respaldo necesario para evitar un eventual veto presidencial.
