La Cámara de Diputados de Catamarca avanzó, durante su décimo novena sesión ordinaria, con dos iniciativas de especial relevancia en materia de salud y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, otorgó media sanción a la creación del Programa Provincial Integral de Oncofertilidad y Derivación de Alta Complejidad, destinado a garantizar que las personas que atraviesan una enfermedad oncológica puedan preservar su fertilidad antes de comenzar tratamientos que puedan comprometer su capacidad reproductiva.
Por otro, dio luz verde a la modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, mecanismos de intercambio de información entre organismos públicos y nuevas restricciones para quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias.
La sesión, presidida por Paola Fedeli, incluyó además proyectos relacionados con la prevención de enfermedades venosas, el reconocimiento a una profesional de la salud que dejó una importante trayectoria en la comunidad y distintas iniciativas orientadas a poner en valor la identidad cultural, la historia y el patrimonio de Catamarca.
Los dos proyectos principales compartieron un objetivo: fortalecer las herramientas institucionales para garantizar derechos. En el ámbito sanitario, mediante el acceso oportuno a procedimientos de preservación de la fertilidad; en materia de infancia, a través de mecanismos más eficientes para identificar a los deudores alimentarios y hacer efectivas las obligaciones establecidas judicialmente.
Oncofertilidad: garantizar la preservación de la fertilidad
Con modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo, Diputados aprobó con media sanción el proyecto impulsado por Josefina Herr (FT), que propone crear el Programa Provincial Integral de Oncofertilidad y Derivación de Alta Complejidad.
La iniciativa busca garantizar que los pacientes oncológicos puedan acceder a procedimientos destinados a preservar su fertilidad antes de iniciar tratamientos médicos que puedan afectar su capacidad reproductiva. Para ello, contempla la cobertura de las prestaciones, la atención especializada y un protocolo de derivación prioritaria que permita evitar que las demoras administrativas interfieran con el comienzo de las terapias contra el cáncer.
Al fundamentar la propuesta, Herr explicó que la quimioterapia y la radioterapia son tratamientos fundamentales para combatir la enfermedad, pero también pueden generar consecuencias sobre la capacidad reproductiva de quienes deben atravesarlos.
En ese sentido, sostuvo que resulta necesario que el Estado acompañe a los pacientes y sus familias frente a una situación que no solamente compromete la salud, sino que también puede condicionar sus proyectos de vida.
La legisladora señaló que el proyecto fue elaborado a partir del trabajo conjunto con profesionales de la salud, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias para identificar las necesidades concretas de las personas que atraviesan tratamientos oncológicos.
Aunque Argentina cuenta con la Ley Nacional 26.862, Herr consideró que todavía existen diferencias y vacíos en su aplicación que justifican la implementación de una política provincial específica.
Uno de los puntos fundamentales de la iniciativa es la rapidez en la atención. El texto establece un protocolo de derivación prioritaria y urgente para los efectores de salud públicos y privados, con un plazo máximo de 48 horas hábiles desde el diagnóstico para concretar la interconsulta entre especialistas en oncología y medicina reproductiva.
Además, contempla que las entidades de salud autoricen inmediatamente los procedimientos de preservación de la fertilidad, evitando que la realización de esos trámites demore el inicio del tratamiento oncológico.
Otro aspecto central establece la obligación de los profesionales tratantes de informar a los pacientes sobre los posibles efectos de las terapias contra el cáncer en su fertilidad y las alternativas disponibles para preservarla. Esa información deberá quedar registrada en la historia clínica mediante un consentimiento informado específico.
Modificaciones y acompañamiento de los distintos bloques
Durante el debate, Carlos Aibar Quintar (LLA) manifestó el acompañamiento de su bloque y valoró la incorporación de políticas públicas orientadas a preservar la posibilidad de formar una familia después de atravesar una enfermedad de estas características.
El legislador también propuso modificaciones al artículo 7 para precisar las responsabilidades relacionadas con la cobertura de las prestaciones. Además, planteó que el almacenamiento de muestras en bancos de gametos y tejidos tenga un plazo determinado por la autoridad de aplicación, de acuerdo con las particularidades médicas de cada paciente.
Por su parte, Alicia Paz (UCR) respaldó la propuesta y consideró que permitirá reducir las desigualdades económicas que actualmente condicionan el acceso a estos procedimientos. "Al existir este programa provincial va a dejar de haber diferencias sobre quién tenía la posibilidad económica de hacerlo y quién no", afirmó.
La legisladora también destacó la incorporación de plazos breves para las consultas y derivaciones, además de la cobertura de prestaciones de alta complejidad.
Luego de un cuarto intermedio, Tiago Puente (Generar) informó que, como resultado del diálogo entre los distintos bloques y la autora de la iniciativa, se incorporaron modificaciones en los artículos 2, 3, 5, 7 y 11.
Los cambios fueron propuestos por Carlos Aibar Quintar, Alicia Paz, Natalia Saseta y el propio Puente, con el objetivo de mejorar la redacción y precisar los alcances de la propuesta antes de su aprobación.
Registro de Deudores Alimentarios
Otro de los proyectos que obtuvo media sanción fue la modernización y digitalización del Registro de Deudores Alimentarios, a partir de un despacho unificado que reunió iniciativas de María Argerich y Eduardo Andrada (FT), María Alejandra Pons (UCR, mandato cumplido) y Natalia Saseta (PRO).
La propuesta plantea actualizar el funcionamiento del registro provincial para mejorar los mecanismos de identificación, control y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El objetivo es superar las limitaciones del sistema vigente, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial, mantiene procedimientos en soporte papel y depende de solicitudes particulares para concretar diferentes trámites.
Frente a esas dificultades, el proyecto establece la digitalización integral del registro y su interoperabilidad con distintos organismos estatales. De esta manera, se busca que las inscripciones y las consecuencias previstas por la normativa puedan hacerse efectivas sin demoras innecesarias.
Como miembro informante, María Argerich explicó que las obligaciones alimentarias no se limitan a garantizar la provisión de comida. Comprenden también los recursos necesarios para asegurar la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
La diputada remarcó que uno de los propósitos fundamentales es mantener actualizada la información del registro y conectarla con el Poder Ejecutivo, para que las restricciones establecidas legalmente puedan aplicarse de manera efectiva a quienes incumplan con el pago de las cuotas alimentarias.
Entre las medidas contempladas se encuentran:
Limitaciones para solicitar licencias de conducir.
Restricciones para ingresar a espectáculos públicos.
Prohibición de asistir a canchas de fútbol.
Restricciones para acceder a casinos y salas de juegos de azar.
Limitaciones para ocupar cargos jerárquicos o directivos en la administración pública.
Restricciones para acceder a determinados cargos y funciones del Poder Judicial.
El despacho también incorpora herramientas destinadas a facilitar los trámites en localidades del interior provincial donde no existe conectividad. Para ello, prevé la intervención de los juzgados de paz y de los nodos de atención territorial, con el propósito de que la falta de acceso a Internet no impida realizar inscripciones ni gestionar los procedimientos correspondientes.
En materia de protección de datos, establece que el tratamiento y almacenamiento de la información personal deberá ajustarse a la legislación vigente. Asimismo, dispone que la plataforma digital, el sitio web y los formularios incorporen criterios de accesibilidad y lectura fácil para garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Saseta y las deudas alimentarias
Durante el tratamiento legislativo, Natalia Saseta (PRO) destacó el trabajo conjunto que permitió unificar las distintas iniciativas y adecuar el funcionamiento del registro a las nuevas tecnologías. La legisladora había impulsado modificaciones a la normativa vigente y propuso incorporar restricciones concretas para las personas que mantienen deudas alimentarias.
En particular, defendió la prohibición de ingresar a casinos, salas de juegos de azar y bingos de la provincia, una medida que quedó incorporada al despacho unificado. Saseta cuestionó que una persona pueda destinar recursos económicos a actividades recreativas mientras incumple una obligación destinada a cubrir las necesidades de sus hijos.
"La cuota alimentaria no es un favor que un progenitor le hace a su hijo, es una obligación legal y fundamentalmente es un derecho de ese niño", afirmó.
Su intervención puso el acento en la necesidad de que las consecuencias del incumplimiento sean efectivas y que las herramientas estatales permitan evitar que las obligaciones alimentarias queden sujetas exclusivamente a trámites que pueden prolongarse en el tiempo.
Andrada planteó las dificultades cotidianas de las familias
Por su parte, Eduardo Andrada (FT) recurrió a una situación cotidiana para describir las dificultades que atraviesan numerosas familias cuando uno de los progenitores no cumple con sus responsabilidades económicas.
El legislador mencionó el caso de una mujer que debe sostener su hogar y afrontar los gastos de sus hijos mientras reclama judicialmente una cuota alimentaria que ya le corresponde. "Un niño no puede esperar. Un niño necesita vestirse, alimentarse, recrearse, tener todos los medios que un padre le puede aportar", remarcó.
Andrada también destacó que la modernización del registro permitirá incorporar certificados digitales, mecanismos de verificación mediante códigos QR y herramientas destinadas a agilizar los procedimientos. Otro de los aspectos que resaltó fue la atención presencial mediante los juzgados de paz, especialmente para garantizar que las personas que viven en localidades del interior provincial puedan acceder al registro sin depender exclusivamente de una conexión a Internet.
Desde La Libertad Avanza, Carlos Aibar Quintar valoró la posibilidad de unificar propuestas provenientes de distintos espacios políticos y consideró que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una problemática que atraviesa a toda la sociedad, independientemente de las diferencias partidarias.
El diputado explicó que la normativa establece que la condición de deudor se configura cuando existen varias cuotas consecutivas impagas o cuatro alternadas, siempre que medie la correspondiente intimación judicial.
A partir de esa condición, la interoperabilidad permitirá que las distintas dependencias provinciales compartan información y apliquen las restricciones previstas.
Al finalizar el tratamiento, Argerich agradeció el acompañamiento de los bloques y precisó que se habían acordado modificaciones en varios artículos para mejorar el texto unificado. La legisladora sostuvo que la actualización busca terminar con las dificultades que enfrentan las familias para hacer cumplir las resoluciones judiciales y garantizar los derechos de la infancia.
Prevención de enfermedades venosas
La décimo novena sesión ordinaria también otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, que propone instituir el 26 de septiembre como Día Provincial de la Prevención de las Enfermedades Venosas.
La iniciativa apunta a promover la detección temprana, difundir información y fortalecer la capacitación de los equipos de salud para prevenir las complicaciones derivadas de estas patologías.
Como miembro informante, Ángeles Herr (FT) explicó que muchas personas suelen naturalizar los primeros síntomas de las enfermedades venosas y atribuirlos al cansancio, la edad o las actividades laborales. Por esa razón, en numerosos casos las consultas médicas se producen cuando la afección ya se encuentra avanzada.
La legisladora señaló que la insuficiencia venosa crónica constituye una problemática de salud pública de elevada prevalencia. También explicó que determinadas condiciones laborales, como permanecer muchas horas de pie o mantener una postura sedentaria durante períodos prolongados, pueden favorecer su aparición.
La fecha elegida coincide con la festividad de los santos Cosme y Damián, considerados patronos de la medicina y de las profesiones de la salud. Según explicó Herr, la elección representa también un reconocimiento a la vocación de servicio de quienes trabajan en el cuidado de las personas.
El proyecto contó con el aporte científico de profesionales especializados en flebología y linfología, entre ellos Diego Javier Ferrari Tropper y Alexis Gustavo Perea Ansinelli, quienes acompañaron el tratamiento legislativo.
Después de la aprobación, Perea Ansinelli agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo que desarrolla en la provincia junto con la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Señaló que la prevención permite evitar el avance de las enfermedades y resaltó la importancia de que Catamarca participe de iniciativas científicas de alcance nacional.
A su turno, Tropper, en representación de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, remarcó la incidencia de estas patologías en la población y la necesidad de consultar ante los primeros síntomas.
"Si esta persona consulta antes, le evitamos sufrimiento", sostuvo.
El profesional también reconoció el impulso del doctor Eduardo Tkach, expresidente de la entidad e iniciador de la propuesta de instituir jornadas provinciales de prevención en todo el país.