La Justicia de Santa Cruz dispuso este martes más de veinte allanamientos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, tanto en esa provincia como en Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Los procedimientos alcanzaron al empresario, a su pareja Claudia Insaurralde, a un chofer y a otras personas que aparecen vinculadas con las dos causas judiciales que dieron origen a las medidas.
El despliegue incluyó registros en distintos inmuebles y también en la celda donde Báez permanece detenido. La investigación busca establecer la posible existencia de estructuras organizadas que habrían desarrollado actividades relacionadas con el transporte de estupefacientes y la administración, explotación y circulación de bienes de procedencia ilícita.
Según pudo saber TN, Báez cumple una condena de diez años por lavado de activos agravados en la causa conocida como "Ruta del Dinero K" y por administración fraudulenta en la causa "Vialidad". En este nuevo expediente, la atención de los investigadores también se concentra en el manejo de sus bienes y en las personas que tendrían intervención en su administración.
Entre ellas se encuentra su pareja, Claudia Insaurralde, quien, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, se encarga de administrar todos los bienes del empresario. La participación de otras personas, entre ellas un chofer, también quedó comprendida dentro de las medidas ordenadas por la Justicia.
La orden del juez federal y el pedido de los organismos fiscales
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a partir de un pedido presentado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En ese contexto, el magistrado autorizó una serie de medidas que excedieron los registros domiciliarios. La resolución contempló más de veinte allanamientos, múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos, en el marco de dos investigaciones que se encuentran relacionadas entre sí.
El eje central de ambas causas está puesto en la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. Los investigadores buscan determinar cómo funcionaban esas estructuras, cuáles eran las responsabilidades de sus posibles integrantes y qué conexiones podrían existir entre las actividades de narcotráfico y el movimiento de bienes de origen ilícito.
La relación entre los dos expedientes constituye uno de los aspectos centrales de la investigación, debido a que una de las líneas apunta directamente al presunto transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz, mientras que la otra analiza la posible existencia de una organización destinada a administrar y poner en circulación activos vinculados con Báez.
Camiones investigados por el traslado de cocaína
Una de las causas judiciales se concentra específicamente en la posible existencia de una organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. Según la hipótesis investigativa, esta actividad se habría desarrollado, por lo menos, desde diciembre de 2025.
La modalidad que se intenta reconstruir contempla la utilización de vehículos de transporte para trasladar los estupefacientes, mientras que la distribución del material estaría en manos de dos hombres. Uno de ellos sería el encargado de un lavadero, establecimiento que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado como lugar para realizar las entregas de la droga. Este punto forma parte de las tareas destinadas a establecer el funcionamiento de la presunta organización, sus integrantes y los espacios que habrían intervenido en la distribución de la cocaína.
La investigación procura determinar las responsabilidades individuales dentro de esa estructura y establecer cómo se habría desarrollado el circuito de traslado y entrega de los estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
De esta manera, el expediente no se limita a investigar el movimiento de la droga, sino que también busca identificar a las personas que habrían participado en las distintas etapas de la operatoria.
Administración y circulación de activos ilícitos
En paralelo, como desprendimiento de la investigación por narcotráfico, comenzó a analizarse la posible existencia de una segunda organización que estaría encabezada por Lázaro Báez, quien continúa detenido. Según la hipótesis judicial, esta estructura tendría como finalidad administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
Esta línea de investigación introduce un componente patrimonial y económico dentro del expediente, ya que los investigadores buscan establecer si determinados bienes habrían sido utilizados mediante mecanismos destinados a mantenerlos fuera del alcance de la ejecución de las sentencias judiciales.
La posible intervención de Claudia Insaurralde adquiere relevancia dentro de este aspecto de la causa, debido a que se la identifica como la persona encargada de administrar todos los bienes del empresario.
Además, de acuerdo con la línea investigativa, uno de los posibles integrantes de esta organización sería también el líder de la banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz. Esta eventual conexión entre ambas estructuras constituye uno de los puntos que la Justicia intenta esclarecer.
La hipótesis plantea, por lo tanto, una posible vinculación entre quienes participarían del negocio del narcotráfico y quienes tendrían a su cargo la administración y circulación de activos ilícitos. Sin embargo, se trata de presunciones que forman parte de la investigación judicial y cuya existencia y responsabilidades deberán ser determinadas en el proceso.
Operativos en Río Gallegos, El Calafate, estancias y Buenos Aires
De acuerdo con fuentes judiciales, los procedimientos se desarrollaron entre el lunes y este martes, principalmente en distintos puntos de Río Gallegos, El Calafate, estancias ubicadas en Santa Cruz y propiedades en Buenos Aires.
El operativo contó con la participación de distintas fuerzas de seguridad, que intervinieron en las tareas de registro, investigación y ejecución de las medidas ordenadas por el magistrado.
Entre los organismos que participaron se encuentran:
Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz.
Prefectura Naval Argentina.
Gendarmería Nacional.
La intervención conjunta de estas fuerzas permitió desplegar los procedimientos en los distintos lugares alcanzados por la orden judicial, incluyendo propiedades vinculadas con los imputados y la celda donde permanece alojado Báez.
La extensión territorial de los allanamientos respondió a la necesidad de avanzar sobre los diferentes puntos relacionados con las dos causas y reunir elementos que permitan profundizar las líneas de investigación.
Secuestro de drogas, documentación y vehículos
Como resultado de los procedimientos, las autoridades lograron secuestrar estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.
Los elementos incautados serán parte del material reunido durante los operativos y se incorporarán a las actuaciones judiciales para analizar su posible relación con las actividades que se investigan. Pero las medidas no se limitaron al secuestro de objetos y documentación. También se ordenó una serie de medidas cautelares patrimoniales, destinadas a intervenir sobre los bienes relacionados con los involucrados.
A esto se sumó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas investigadas, una medida que había sido requerida por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.
Esta decisión permitirá avanzar sobre la información bancaria y fiscal de los involucrados dentro del marco de las actuaciones judiciales, en consonancia con la investigación sobre el presunto origen y la circulación de los activos.