La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciará este miércoles el tratamiento del proyecto de reforma conocido como "ley anti barras", una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone establecer un nuevo "régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos".
El debate comenzará este miércoles a las 12 horas, en una reunión convocada por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, en un contexto marcado por la disputa del Mundial de Fútbol 2026, mientras la atención deportiva convive con el avance de una propuesta legislativa orientada a combatir la violencia vinculada al deporte.
Para el encuentro se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes expondrán los principales alcances del proyecto y responderán consultas de los legisladores respecto de las modificaciones que la iniciativa propone incorporar al Código Penal.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo busca ampliar el alcance de la legislación vigente y endurecer las sanciones aplicables a quienes participen en organizaciones vinculadas con hechos de violencia en el ámbito deportivo.
Mayores penas para los barrabravas
Uno de los aspectos principales del proyecto consiste en el incremento de las penas para los integrantes de las barrabravas mediante la incorporación de un nuevo "tipo especial de asociación ilícita". De acuerdo con la iniciativa, este nuevo encuadre penal permitirá perseguir con mayor rigor las actividades desarrolladas por estos grupos, considerados por el Gobierno como organizaciones delictivas permanentes.
El proyecto había sido elaborado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y propone una modificación integral de diversos artículos del Código Penal relacionados con los delitos cometidos en ocasión de espectáculos deportivos.
La intención oficial es ampliar las herramientas judiciales disponibles para investigar y sancionar conductas que, según el Poder Ejecutivo, exceden ampliamente el ámbito de los estadios.
Dirigentes de clubes también podrán ser investigados
La iniciativa no se limita únicamente a los integrantes de las barrabravas. Uno de los puntos más relevantes incorpora penas de hasta seis años de prisión para dirigentes de clubes que colaboren o mantengan vínculos de connivencia con estos grupos.
El proyecto autoriza expresamente la investigación de dirigentes cuando existan indicios de determinadas conductas, entre ellas:
- Entrega de entradas a integrantes de barrabravas.
- Mantenimiento de vínculos económicos irregulares con estos grupos.
- Colaboración o connivencia con organizaciones vinculadas a la violencia en el deporte.
Con esta incorporación, el Poder Ejecutivo busca extender la responsabilidad penal hacia quienes, desde la conducción de las instituciones deportivas, favorezcan o faciliten el accionar de las barrabravas.
Las sospechas sobre la entrega de entradas durante los Mundiales
Entre los fundamentos que acompañan la propuesta también se hace referencia a situaciones ocurridas durante anteriores ediciones de la Copa del Mundo.
Según se señala, al igual que sucedió en los anteriores Mundiales de fútbol, existen sospechas de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría entregado pasajes de avión y entradas para los estadios a grupos de barrabravas pertenecientes a distintas hinchadas de clubes del país. Ese antecedente aparece mencionado como parte del contexto en el que el Gobierno impulsa modificaciones destinadas a fortalecer los mecanismos de control y sanción sobre las organizaciones vinculadas a la violencia deportiva.
Las nuevas penas previstas en el proyecto
La iniciativa incorpora un amplio catálogo de sanciones para distintas conductas relacionadas con los espectáculos deportivos. Entre las principales penas contempladas figuran:
- Entre 1 y 4 años de prisión para quien dañe bienes muebles o inmuebles en ocasión de un espectáculo deportivo.
- Entre 3 años y 6 meses y 6 años de prisión para quien porte armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes durante un espectáculo deportivo.
- Entre 4 y 8 años de prisión para quien introduzca, guarde o porte elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos.
- Entre 4 y 10 años de prisión para quien porte armas de fuego o artefactos explosivos.
El proyecto también prevé sanciones para otras conductas vinculadas con hechos de violencia colectiva.
Entre ellas se incluyen los casos en que dos o más personas ocasionen la suspensión de un partido mediante el empleo de la violencia, conducta para la cual también se establecen penas que, según el texto, resultan excarcelables.
Sanciones para la venta irregular de entradas
Otro de los capítulos de la iniciativa apunta al circuito de comercialización ilegal de entradas para los espectáculos deportivos. El proyecto establece:
- Penas de entre 2 y 6 años de prisión para la distribución ilegal de entradas.
- La misma pena, de entre 2 y 6 años, para quienes participen en la reventa irregular de boletos.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca incorporar sanciones específicas para prácticas que considera vinculadas al funcionamiento económico de las organizaciones de barrabravas.
Los fundamentos del Poder Ejecutivo
En los fundamentos que acompañan el proyecto, el Gobierno sostiene que las organizaciones delictivas vinculadas al deporte, especialmente aunque no exclusivamente al fútbol, desarrollan actividades violentas que trascienden el ámbito de los espectáculos deportivos.
El texto señala que estas organizaciones "no solo desarrollan su violento accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos, como surge del enfoque de la Ley N° 23.184". Además, sostiene que "los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro, inclusive hacia miembros del mismo grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol".
La fundamentación oficial también menciona que "en otros casos, en distintas jurisdicciones del país, se han registrado graves agresiones a hinchas de determinados equipos, por el solo hecho de ser simpatizantes".
Finalmente, el Poder Ejecutivo concluye que "el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas".