En la previa de una sesión que se planteaba como caliente en la Cámara de Diputados de la provincia, en función de lo vivido el viernes pasado con la absolución del Fiscal Laureano Palacios, por un lado, estaba latente el pedido de la oposición de solicitar la renuncia de la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero. Ahora a esto se añadió la postura del bloque de diputados del Frente de Todos, quienes mediante comunicado plantearon la renuncia de Palacios.
En medio de todo esto y como consecuencia de esto mismo, la sesión se levantó minutos después del primer llamado por falta de quórum, porque justamente el oficialismo no bajó al recinto.
La postura de los legisladores oficialistas se conoció mediante comunicado emitido minutos antes del inicio de la sesión y en el mismo directamente se “exige” la salida del cuestionado fiscal, marcando de esta manera una postura opuesta a la de Guerrero, que ayer al hace mención a su voto apuntó al fiscal Miguel Mauvecín, indicando que la falla estuvo en el pedido de la condena.
La comunicación del oficialismo legislativo enfáticamente pide: "Consustanciados por el clamor social y en búsqueda de restablecer la confianza en las instituciones es que exigimos la renuncia del Fiscal de Instrucción Segunda Nominación Laureano Palacios". Puntuando a renglón seguido dicen: "Exigimos justicia y el pronto esclarecimiento del caso de la muerte de nuestro compañero Juan Carlos Rojas".
En este contexto, los diputados del Bloque del Frente de Todos señalan: “Queremos manifestar nuestra preocupación y decepción ante el fallo del Jury de enjuiciamiento contra el fiscal Laureano Palacios” y luego apuntan, en cuanto a la presidenta de la Cámara que "este Bloque expresa que la decisión tomada por la representante del oficialismo fue basada en sus convicciones personales, no expresa la voluntad de la totalidad del Bloque".
A continuación, indican "la crisis sistémica de la institución judicial es de larga data y ejemplos sobran a lo largo y ancho del país. Es necesario hacer todos los esfuerzos para restablecer la credibilidad en la administración de justicia. Esta situación visibiliza y pone nuevamente en agenda la urgencia de la reforma constitucional como marco que posibilite una reforma judicial profunda con el aporte y el compromiso activo de todos los sectores de la sociedad, instituciones y operadores del sistema judicial".
Luego y tras marcar que con “mezquindades e intereses espurios no se podrá avanzar”, el comunicado dice: "Para que el Poder Judicial vuelva a ser creíble es imperiosa su democratización y aplicación respecto de los principios republicanos".
