El clima político y social en Argentina se encamina hacia un miércoles de alta intensidad institucional. En una convergencia de fuerzas que promete marcar un hito en la agenda legislativa de este año, el Gobierno ha confirmado un despliegue masivo de fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
El objetivo central de esta medida es garantizar el orden público y la libre circulación en el marco del inicio del debate de la denominada "modernización laboral" en la Cámara de Senadores, un proyecto que ha despertado un rechazo unánime en el seno del sindicalismo tradicional y que pondrá a prueba la capacidad de control de la calle por parte del Estado.
Para neutralizar el impacto de las movilizaciones anunciadas, el Ejecutivo nacional pondrá en marcha el protocolo antipiquetes, una herramienta que redefine la interacción entre el Estado y las manifestaciones sociales. La operatividad de este protocolo habilita la intervención directa de las fuerzas de seguridad para despejar cortes de tránsito sin la necesidad de una orden judicial previa, estableciendo un marco de actuación donde prima la celeridad.
Bajo esta normativa, se contempla el uso de una fuerza mínima y proporcional, la identificación exhaustiva de los organizadores de la protesta y, en una medida de fuerte impacto económico, el eventual traslado de los costos totales del operativo a las organizaciones convocantes.
El diseño del dispositivo de seguridad se estructurará mediante la participación coordinada de diversas instituciones de seguridad interior. La Policía Federal Argentina actuará como el eje central del control urbano y primer anillo de contención, mientras que la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval se encargarán del refuerzo de los perímetros de seguridad y los accesos principales al palacio legislativo. Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se integrará al comando unificado para tareas de apoyo y el Servicio Penitenciario aportará móviles de traslado ante posibles detenciones durante la jornada. Como fuerza auxiliar, la Policía de la Ciudad se encargará específicamente del tercer anillo de seguridad que rodeará la zona de conflicto.
El desafío de la CGT y la estrategia de movilización
Desde la vereda opuesta, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido pasar a la acción directa tras una reunión clave de su consejo directivo. El triunvirato que lidera la central obrera ha convocado a una concentración a partir de las 15 horas en la Plaza de los Dos Congresos, la cual han calificado de antemano como una expresión contundente y multitudinaria de la fuerza gremial. Esta estrategia no se limitará exclusivamente a la Capital Federal, ya que el rechazo se replicará con manifestaciones en distintas provincias, buscando nacionalizar el reclamo contra la reforma impulsada por el oficialismo.
Si bien por el momento el consejo directivo ha decidido descartar la convocatoria a un paro general inmediato, la cúpula sindical no ha quitado esta posibilidad de su mesa de discusión. La eventualidad de un cese total de actividades queda supeditada a la evolución del debate parlamentario en la Cámara Alta, y muy especialmente para la instancia en que el proyecto alcance el tratamiento en la Cámara de Diputados, momento en que el conflicto podría escalar a un nuevo nivel de confrontación.
El núcleo de la discordia reside en el contenido del proyecto de modernización laboral que el Senado comenzará a tratar este miércoles, el cual es calificado por la CGT como una iniciativa profundamente regresiva que atenta contra derechos históricos de los trabajadores. El debate parlamentario se centrará en puntos que el sindicalismo considera innegociables, tales como la ampliación de las actividades consideradas esenciales, lo que restringe significativamente la capacidad de huelga en sectores clave de la economía nacional.
Asimismo, la central obrera cuestiona con dureza los cambios propuestos en el régimen de indemnizaciones, argumentando que estas modificaciones facilitan el despido y reducen el costo de desvinculación para las empresas. A esto se suman los límites impuestos al derecho de huelga mediante normativas que condicionan la protesta gremial tradicional y las modificaciones estructurales en los convenios colectivos. Para los líderes sindicales, esta alteración en la negociación paritaria debilita la posición de los trabajadores frente a las cámaras empresarias, rompiendo el equilibrio de fuerzas que rige las relaciones laborales en el país.
La complejidad del operativo del miércoles se ve acrecentada por un factor adicional que añade volatilidad a la zona del Congreso. La movilización sindical coincidirá cronológicamente con la tradicional protesta de jubilados y personas con discapacidad que tiene lugar cada semana frente al recinto legislativo.
Esta superposición de reclamos sociales, sumada a la determinación inquebrantable del Gobierno de aplicar el protocolo a rajatabla para evitar el bloqueo de las vías de transporte, anticipa una jornada de máxima tensión en la que las fuerzas federales y la policía local intentarán mantener el control de un perímetro que será el epicentro absoluto de la batalla política y social del país.