El escenario político nacional se traslada con fuerza al ámbito legislativo. El próximo martes 10 de febrero, el Congreso de la Nación será el epicentro de una actividad febril con el inicio de la constitución de las comisiones destinadas a tratar las dos iniciativas más ambiciosas de la gestión del presidente Javier Milei. Se trata del Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, dos piezas legales que el Ejecutivo busca sancionar durante el actual periodo de sesiones extraordinarias.
Tras la postergación del debate de la reforma laboral el año pasado, el Senado de la Nación finalmente abrirá el juego este 11 de febrero. Para garantizar el avance de estas normas, La Libertad Avanza (LLA) ha iniciado una etapa de negociaciones intensas. El objetivo es alcanzar los consensos necesarios con los bloques denominados "dialoguistas", entre los que se encuentran el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). Estas gestiones se producen en la estela de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con los gobernadores durante los últimos meses para allanar el camino legislativo.
Los pilares de la Modernización Laboral
La iniciativa laboral que impulsa el Gobierno Nacional pretende realizar una revisión integral del marco normativo vigente, bajo la premisa de fomentar la contratación formal y reducir los costos asociados al empleo. El proyecto presenta cambios profundos en la estructura tradicional del trabajo en Argentina:
- Modificación de indemnizaciones: Se propone una revisión de los esquemas actuales de desvinculación.
- Fondo de Cese Laboral: Inspirado en modelos de otros sectores, se busca crearlo mediante convenios colectivos de trabajo.
- Reducción de contribuciones: Baja en las cargas patronales para incentivar el registro de nuevos trabajadores.
- Colaborador Independiente: Una nueva figura legal bajo un régimen de autonomía, diseñada para operar sin la relación de dependencia tradicional.
- Banco de Horas: Un sistema de flexibilidad horaria que permite compensar el exceso de jornada en días posteriores, reemplazando el pago de horas extras.
Sin embargo, este paquete de medidas ha generado una reacción inmediata en el arco gremial. Los sindicatos han manifestado un rechazo absoluto, argumentando que el proyecto no generará nuevos puestos de trabajo y que, por el contrario, impulsa la pérdida de derechos adquiridos. Ante este panorama, las organizaciones sindicales ya han realizado convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.
El debate por la baja de imputabilidad a los 13 años
En paralelo, la Ley Penal Juvenil se presenta como otra de las grandes batallas legislativas. El eje central de la propuesta de LLA es reducir la edad de imputabilidad en la Argentina, pasando de los 16 a los 13 años. Según el oficialismo, esta reforma es necesaria para terminar con la denominada "puerta giratoria" y garantizar que los delitos cometidos por menores de 16 años no queden en la impunidad bajo el amparo de la ley vigente (22.278).
El régimen especial propuesto contempla diversas escalas de punibilidad y tratamiento:
- Límites de condena: Se deja de lado la reclusión perpetua para menores, fijando un máximo general de 20 años de prisión.
- Tratamiento de delitos graves: Para adolescentes de 14 años o más que cometan delitos con penas máximas de 15 años o más, se prevén penas similares a las de adultos, con la salvedad de que no podrán ser alojados en cárceles comunes.
- Medidas socioeducativas: En el caso de delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, el enfoque será social y educativo.
- Penas alternativas: Se priorizará la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias en lugar de la prisión efectiva para casos de menor gravedad.
Un martes de tensión política y social
La constitución de las comisiones y la designación de sus autoridades el martes 10 marcarán el termómetro de lo que vendrá. Mientras el oficialismo busca consolidar sus alianzas con el PRO, la UCR y la CC para asegurar el quórum y los votos, la presión en las calles promete sumar un factor de complejidad adicional al debate parlamentario. El Gobierno apuesta a que estas reformas estructurales sirvan como piedra angular de su gestión, mientras que la oposición y los gremios advierten sobre las consecuencias sociales de ambos proyectos. Con el inicio del tratamiento en el Senado el miércoles 11, la Argentina entra en una semana de definiciones jurídicas y políticas de alto impacto.