El escenario político argentino se traslada al Congreso con una tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y los sectores más tradicionales del gremialismo. En la previa al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, lanzó una dura advertencia sobre el rol que están jugando ciertos núcleos de poder sindical. Para el funcionario nacional, existe una necesidad imperiosa de distinguir entre la legítima gestión gremial y lo que define como posiciones meramente políticas que obstaculizan el progreso normativo.
Cordero sostuvo que estos sectores están ejerciendo una función ajena a la defensa de los trabajadores, alejándose de una sociedad que ya no tiene vocación por las prácticas antiguas y que reclama, con urgencia, formación profesional y la erradicación definitiva de la violencia en el mundo del trabajo.
Bajo una atmósfera de enorme expectativa, el titular de la cartera laboral insistió en que el proyecto de ley no busca despojar de facultades a las organizaciones de trabajadores. Por el contrario, planteó que la reforma les otorga un enorme poder de gestión para acercarse a la gente y adaptarse a las nuevas dinámicas productivas. El diagnóstico oficial es severo: la Argentina atraviesa un periodo de parálisis en el empleo en relación de dependencia formal que requiere una solución clara y ecuánime. En este sentido, la propuesta se presenta como un intento de ordenar un sistema que, lejos de proteger, ha coadyuvado al estancamiento del mercado de trabajo registrado durante muchísimos años.
Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la modificación en el esquema de vacaciones e indemnizaciones. Cordero fue minucioso al explicar que el proyecto busca adecuar la ley a una realidad que ya ocurre en la práctica pero que hoy carece de respaldo legal estricto. Actualmente, un trabajador de entre 38 y 40 años, a quien el secretario define en su plenitud laboral, suele coordinar con su empleador el fraccionamiento de sus días de descanso, ya sean quince, veintiuno o treinta y cinco, según su antigüedad.
El proyecto oficial propone limitar este fraccionamiento a periodos de siete días, permitiendo que las partes consensúen libremente. El funcionario cuestionó a quienes critican esta medida, señalando que oponerse a la adecuación de una norma que ya se cumple por costumbre es, en el fondo, una apología al incumplimiento de las leyes vigentes.
En lo que respecta al capítulo de las indemnizaciones, el secretario destacó el compromiso de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el diseño de una estructura que garantice una libertad cuidada. Cordero fue enfático al asegurar que la intención gubernamental es conservar todos los derechos de los trabajadores de manera íntegra, manteniendo los beneficios exactamente iguales pero aclarando los conceptos que los componen para brindar mayor seguridad jurídica. Este rediseño está pensado estratégicamente para las PYME, un sector que el Gobierno considera vital para revertir la informalidad reinante en la economía actual.
Finalmente, el funcionario remarcó que esta es la primera vez que se envía al Congreso un proyecto que apunta directamente al fomento del trabajo registrado. Según la visión oficial, el esquema anterior nunca fomentó la inserción formal, dejando a millones de ciudadanos en la precariedad.
Con la mirada puesta en el tratamiento legislativo, el Gobierno nacional reafirma que su propuesta busca generar un entorno donde las personas puedan estar mucho mejor, transformando el sistema laboral en un motor de crecimiento genuino y dejando atrás la confrontación política para centrarse en la eficacia de la gestión y la creación de puestos genuinos.