Luego de una semana con más movilizaciones anunciaron una “marcha federal” que prevé varios días continuados de cortes y acampes. Y así lo asumen desde el Gobierno, que no cede en su postura y se prepara para convivir con los reclamos durante todo el año.

“Va a ser una semana de protesta permanente en todo el país”, amenazó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, ante los intentos truncos de torcerle el brazo al Ministerio de Desarrollo Social.

Desde la cartera conducida por Juan Zabaleta, uno de los funcionarios leales a Alberto Fernández en medio de la dura interna oficialista, oficializó el aumento de la Tarjeta Alimentar y continúan las reuniones para aceitar la llegada de mercadería a los comedores populares, uno de los reclamos de las organizaciones.

Sin embargo, la otra gran demanda, el aumento en los cupos de los planes sociales -sobre todo laborales-, continúa abierta ante la resistencia de la Casa Rosada. “No hay respuesta. El Gobierno tiene cerrados completamente los planes. No se abre ni uno solo, aunque saben que hay miles de personas en condiciones de recibirlo”, afirmó Belliboni.

La amenaza de los piqueteros duros al Gobierno: “Va a ser una semana de protesta permanente, a menos que haya respuesta sobre los planes”
Las organizaciones de la Unidad Piquetera ya tiene previsto movilizarse a Plaza de Mayo el próximo domingo 1° de mayo por el Día del Trabajador. Esa fecha, señalan, es inamovible. Mientras tanto, analizan su calendario para avanzar en una “marcha federal”.

“En principio sería dentro de los próximos 10 días, antes del 1° de mayo. Vamos a armar caravanas en distintos puntos del país: el Sur, la Patagonia, Cuyo, el Norte. Y vamos a ir marchando durante una semana hasta encontrarnos en Buenos Aires. Va a ser una semana de protesta permanente”, anticipó Belliboni y confirmó: “A menos que haya respuesta sobre los planes, que ya vemos que no va a haber”.

El lunes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó que el Gobierno analiza “crear un mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado”, un anticipo que despertó las alertas en el campo, ante el peligro de una suba de retenciones o la creación de un nuevo impuesto.

En el Ejecutivo dejaron trascender, con pocos detalles, que se trataría de un proyecto de ley para gravar a sectores que se vieron supuestamente beneficiados por los aumentos de los precios internacionales de commodities por la guerra en Ucrania. Lo recaudado se destinaría a asistir a los trabajadores del sector informal.

“Es una discusión trucha. Porque la van a mandar al Congreso y ya saben que no va a ser aprobada, porque quieren cubrir la asistencia con un nuevo impuesto. Es una puesta en escena más”, contesta Belliboni, sobre la posibilidad de que un anuncio así calme el conflicto social en las calles.

El Gobierno no cede: “Es el momento de cerrar la puerta y bancar que puteen”
Desde el Gobierno se mantienen firmes: insisten en que “la manera de sacar a la gente de la pobreza no es con planes” y que la estrategia es generar empleo genuino.

“Hay que pasar a la etapa productiva. Una vez que abrís la puerta no la podés cerrar más: millones de planes nuevos que no resuelven. Ahora es el momento de cerrar la puerta y bancar que puteen”, se sinceró, ante una consulta de  días atrás, un funcionario cercano a Alberto Fernández.

Actualmente, 1,2 millones de personas son beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, la iniciativa a través de la cual personas que integran la economía popular reciben la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($16.000) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias.

La interna en el Gobierno también se mete en el conflicto piquetero
Sin embargo, las organizaciones sociales sostienen que el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular tiene 2,8 millones de inscriptos -aunque se estima que el sector incluye a más de 4 millones de personas- y la crisis social demanda mucha más asistencia.

Este escenario coincide en parte con lo que plantean desde el kirchnerismo duro. Dirigentes que responden a Cristina Kirchner vienen advirtiendo por lo bajo que la crisis social podría agravarse a mediados de año. En este contexto, las organizaciones sociales prometen nuevas movilizaciones y más medidas de fuerza y acampes.