El Colegio de Abogados de Catamarca, presidido por Rafael Santa Cruz y con Susana Saadi como vicepresidenta, formalizó su adhesión a la acción cautelar autónoma promovida por 26 colegios de abogados de todo el país. Esta medida tiene como objetivo frenar determinados artículos de la reforma laboral vinculados a la retribución de honorarios profesionales y al régimen de costas judiciales.
Desde la institución local explicaron que las modificaciones introducidas en la Ley de Contrato de Trabajo alteran el equilibrio del sistema laboral, comprometen el ejercicio independiente de la abogacía y generan incertidumbre sobre la percepción de honorarios. Los cuestionamientos se centran en la incorporación de criterios que podrían trasladar responsabilidades económicas a los abogados y permitir el diferimiento del cobro de honorarios, lo que afectaría su carácter alimentario.
Los dirigentes remarcaron que estas disposiciones no solo impactan en la labor profesional, sino también en el acceso efectivo a la justicia, y afirmaron que la adhesión del Colegio de Catamarca refuerza el compromiso institucional con la defensa del ejercicio profesional. La acción busca, a nivel federal, resguardar principios esenciales del sistema jurídico, mientras se espera una resolución judicial sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas.
Qué plantea la demanda
Los colegios solicitantes, con el patrocinio del abogado Alberto Spota, presentaron una medida cautelar autónoma para que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad.
Se argumenta que la norma vulnera los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional, y se sostiene que la acción tiene un carácter casi colectivo, dada la representatividad de los colegios sobre sus matriculados. La presentación advierte que la reforma constituye una utilización desviada de las herramientas procesales, susceptible de afectar no solo a las partes involucradas, sino al adecuado servicio de justicia en su conjunto.
En detalle, se cuestiona el régimen de percepción de honorarios profesionales en el proceso laboral, señalando que la posibilidad de pago en cuotas o reducción de honorarios vulnera la naturaleza alimentaria de estas remuneraciones y el derecho de propiedad privada. Asimismo, se objetan disposiciones relacionadas con la regulación de costas, que por competencia corresponderían a cada provincia según su ordenamiento procesal propio.
Los abogados citan precedentes de la Corte Suprema sobre medidas cautelares en casos que colisionan con la Constitución y remarcan que la nueva norma sería redundante, dado que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ya establece:
Deber de actuar con lealtad, probidad y buena fe (art. 34, inc. 6°).
Facultades de los jueces para prevenir y sancionar actos contrarios a dichos principios.
Autorización para imponer sanciones por temeridad o malicia procesal (art. 45).
Para los abogados, esto genera un efecto disuasivo, al riesgo de que sufran sanciones patrimoniales, lo que desvirtúa el derecho de defensa. Según sostienen, las normas impugnadas son prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente, cumpliendo con el requisito de verosimilitud del derecho para el dictado de la medida cautelar solicitada.
Estrategias legales y alcance federal
En paralelo, los colegios buscan que se declare la inconstitucionalidad de la concesión de un traslado al Estado nacional previsto en el art. 4° de la ley 26854, para evitar trabas que el Gobierno podría generar en el proceso y que la medida interina no quede sin efecto ante la eventual presentación de informes estatales.
También buscan blindar temporalmente la acción ante posibles apelaciones oficiales, asegurando que las herramientas del Estado no prolonguen indefinidamente la resolución de la causa. La estrategia refleja la coordinación de múltiples colegios a nivel nacional, consolidando un frente judicial que apunta a la protección del ejercicio profesional de la abogacía y de principios esenciales del sistema judicial.
Con esta adhesión, el Colegio de Abogados de Catamarca se integra a un movimiento que no solo cuestiona aspectos técnicos de la reforma laboral, sino que también defiende la estabilidad jurídica, la independencia profesional y el acceso efectivo a la justicia en todo el país.