La semana pasada, LA UNIÓN publicó una entrevista con el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, en la que el funcionario ratificó la postura del Gobierno provincial de disolver al Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE).  
Entre los argumentos, señaló que el organismo “perdió su esencia” al pasar las empresas que brindan los servicios de agua y energía a manos del Estado y al existir otros organismos dentro del Gobierno que pueden cumplir con las funciones establecidas para el Ente Regulador. E incluso, remarcó que las quejas presentadas ante el ENRE siempre fueron resueltas por el propio Ejecutivo, en instancias a alzada. 
Ante las declaraciones del ministro, desde el Directorio del ENRE señalaron que el ministro Kozicki se refirió de manera incompleta a las funciones que lleva a cabo ese organismo y destacó la función de este para controlar la calidad de los servicios. 
“Llama la atención que el ministro haya omitido referirse a la función de Control de Calidad que el Ente Regulador ejerce sobre los servicios de energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales, máximo cuando el pasado 18 de marzo, firmó el decreto N° 568/20 mediante el cual se aprobó la modificación del Subanexo 3 en donde se establecen las “Normas de calidad del servicio público y sanciones”, del contrato de concesión de la EC SAPEM; tarea que es propia de este organismo de regulación y control”, cuestionaron los miembros del Directorio. 
Por otra parte, y respecto de que la función de fijación de tarifas podría ser cumplida por alguna repartición “especializada en la materia”, el ENRE remarcó que “es importante poner de relieve el peligro que conlleva este razonamiento, toda vez que el proceso de análisis y aprobación de los cuadros tarifarios debe ser realizado en el ámbito de un organismo autónomo y autárquico como lo es el Ente Regulador; y no -tal como lo sugiere el ministro- por la Secretaría de Energía que no solo depende de él mismo, sino que, además, dejaría de lado al servicio de agua potable y desagües cloacales, que también requiere de análisis y aprobación de tarifas”. 
En ese marco, los directores del Ente Regulador recordaron que el artículo 12 de la Ley 5.355 de creación de la EC SAPEM, establece que el Ministerio a cargo de Kozicki es quien ejerce la supervisión ejecutiva de la nueva sociedad y aprueba su plan de acción y presupuesto, lo que “lisa y llanamente, significa que el mismo ministro será juez y parte de una misma cosa, ya que, en un esquema como el planteado, al ser la autoridad de aplicación de la empresa, se controlará a sí mismo, se multará a sí mismo, se aprobará los cuadros tarifarios elaborados por él mismo, se contestará los recursos elevados por él mismo; todo sin la mirada observada de nadie. Una estricta monarquía en el servicio de energía eléctrica”. 
Por último, el duro comunicado del directorio del organismo agrega: “Creemos que la visión reduccionista de intentar mostrar al ENRE solo como mero receptor de reclamos esconde, en realidad, una peligrosa e inconstitucional intención de avasallar la participación de los usuarios y querer eliminar los controles de calidad a las empresas de los servicios de energía eléctrica y de agua potables y desagües cloacales;  o peor aún, que los mismos sean ejercidos por un futuro organismo carente de autonomía e independencia que vele por el respeto de los derechos de los usuarios y el estricto cumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios por parte de las empresas Distribuidoras.