En un giro drástico de la gestión pública que redefine las prioridades del gasto estatal, el Gobierno nacional ha decidido avanzar con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Este organismo, pilar fundamental para la ejecución de políticas de urbanización en los sectores más vulnerables de Argentina, fue creado originalmente bajo el amparo de la Ley 27.453. La medida no solo implica una reestructuración administrativa, sino la paralización total de obras de infraestructura básica, como el acceso al agua potable y la red de electricidad segura, en territorios históricamente postergados.

Un impacto directo sobre 5 millones de personas

El desmantelamiento de la SISU no es una decisión que pase inadvertida por su magnitud territorial y demográfica. Según los datos que maneja el sector, la paralización de esta área gubernamental implica dejar sin acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas. Estos ciudadanos habitan en más de 6.400 villas y asentamientos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. La preocupación central radica en que esta subsecretaría era el brazo ejecutor de una política que, hasta hoy, buscaba reducir la brecha de desigualdad estructural en el acceso a servicios esenciales.

Ante la inminencia de la medida, la reacción de diversos sectores de la sociedad civil ha sido contundente. Organizaciones sociales, referentes territoriales y la propia Iglesia han alzado la voz para advertir sobre las consecuencias sociales de este vacío. En este marco, la Mesa Nacional de Barrios Populares convocó para este martes a una movilización hacia el Ministerio de Economía. La protesta, bajo la consigna "Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas", busca visibilizar el riesgo de perder una herramienta que fue considerada, hasta hace poco, una política de Estado indiscutida.

La voz de la Iglesia y el rechazo a la "cultura del descarte"

El malestar por el cierre del organismo quedó plasmado en una conferencia de prensa realizada este lunes, donde participaron figuras de peso institucional. Entre los oradores se destacó el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, quien se mostró sumamente crítico con la dirección tomada por la administración de Javier Milei. Carrara fue contundente al definir el contexto actual como una "cultura de la voracidad y el descarte".

El arzobispo subrayó que urbanizar no es una cuestión técnica, sino una garantía de derechos elementales que incluyen el acceso vital al agua potable y la electricidad segura para prevenir riesgos y enfermedades. Asimismo, destacó el protagonismo popular, señalando que el relevamiento inicial de los barrios no se hubiera podido realizar sin la colaboración activa de los vecinos y vecinas. Para Carrara, la integración real permite que los habitantes de los asentamientos dejen de ser sujetos pasivos para ser protagonistas de su propio desarrollo. En un pasaje de alta carga emocional, cuestionó la ética del ajuste: "¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir 'que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?'".

El legado de una política votada por unanimidad

Uno de los puntos más sensibles de este conflicto es el origen legislativo y el consenso político que respaldaba a la SISU. Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO-Argentina, recordó durante la conferencia que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) como la ley de integración fueron procesos que se desarrollaron "de abajo hacia arriba". Cabe destacar que estas herramientas se transformaron en una política de Estado tras ser votadas por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 2018.

El argumento de las organizaciones es que este desmantelamiento ignora un consenso histórico que buscaba soluciones a largo plazo. Según Maquieyra, la gestión de la SISU se sustentó en la ejecución de decenas de miles de obras auditadas diseñadas para mejorar el entorno donde los niños y niñas crecen. El impacto de la falta de urbanización fue resumido en una cifra alarmante que atravesó el debate: la diferencia en la expectativa de vida. Según planteó el director de TECHO, nacer en un barrio popular hoy y no contar con obras de integración socio urbana puede condenar a una persona a vivir once años menos. Con esta advertencia, las organizaciones y la Iglesia refuerzan su pedido de que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la medida y restituya el financiamiento para una de las áreas más críticas del entramado social argentino.