El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de elaboración del decreto presidencial que habilitará la venta parcial de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La medida forma parte de la política de reducción del aparato estatal impulsada por la actual gestión.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo trabaja en un esquema mixto de desinversión, que incluye la venta de acciones mediante una licitación pública, así como la colocación de títulos en la Bolsa de Comercio. "Seguimos trabajando los pliegos de AYSA. Les falta poco".
AYSA fue creada el 21 de marzo de 2006 por el Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100. Es responsable de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
Actualmente, el Estado posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante pertenece a empleados a través de un Programa de Participación Accionaria. La empresa tiene una cobertura de 3.363,51 km² y atiende a 3.384.642 usuarios residenciales y 349.754 no residenciales.
La infraestructura de AYSA incluye:
3 plantas potabilizadoras
21 plantas depuradoras
25 plantas de tratamiento de agua subterránea
14 estaciones elevadoras
195 estaciones de bombeo
La empresa emplea a 6.344 trabajadores, tras las 1.364 cesantías aplicadas en 2024.
En 2023, AYSA registró ingresos por $934.271 millones, de los cuales $790.200 millones provinieron de su operación y $143.717 millones de transferencias del Tesoro Nacional. El gasto total alcanzó los $775.041 millones, incluyendo $283.957 millones en salarios, $357.149 millones en bienes y servicios, y $202.937 millones en obras e inversiones.
Entre julio y septiembre de 2024, la empresa ejecutó más de $186.581 millones en proyectos de infraestructura, como la ampliación de la planta en Bernal, el Río Subterráneo Sur, y obras en Hurlingham, La Matanza, Berazategui y el Sistema Riachuelo.
Un plan de recorte más amplio: el giro hacia la privatización
AYSA no es la única empresa estatal en la mira. El Gobierno ya avanzó con decretos para privatizar Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). También analiza el futuro de SOFSE, operadora ferroviaria, cuya venta podría dividirse por líneas.
La Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, tiene a su cargo los pliegos de desinversión. El plan fue mencionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo técnico, que sugiere tener un esquema definido para noviembre de este año.
Desde Casa Rosada reconocen que la mayoría de estos procesos deberán pasar por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, conformada por seis senadores y seis diputados. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la SIGEN deberán presentar informes sobre la situación legal y financiera de las empresas involucradas.