El Gobierno nacional definió concentrar todos sus esfuerzos legislativos en la reforma laboral, relegando para más adelante la baja de impuestos y la reforma del Código Penal, dos iniciativas anunciadas en reiteradas oportunidades. La sesión para otorgar media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha: será el 11 de febrero, y el oficialismo confía en que ese avance funcione como una señal política para reducir el riesgo país y completar el trámite en Diputados una semana después.
Si bien el Poder Ejecutivo aún no convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, referentes parlamentarios de La Libertad Avanza admiten que la prioridad absoluta será la reforma laboral. El resto de las iniciativas quedará postergado.
Cuando el presidente Javier Milei firmó el llamado a extraordinarias en diciembre, incluyó seis proyectos: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria —que prohíbe el déficit—, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.
Antes de finalizar 2025, el oficialismo logró sancionar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, además de obtener dictamen de la reforma laboral en el Senado y de la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso legislativo, los contactos con la oposición y con los gobernadores se centraron casi exclusivamente en la legislación laboral. En ese contexto, trascendió que la Ley de Glaciares podría utilizarse como moneda de negociación con provincias mineras, entre ellas Catamarca.
Reforma penal: anunciada, pero sin proyecto
La reforma del Código Penal fue anunciada en reiteradas ocasiones durante el año pasado. En su momento, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que incluiría un endurecimiento de penas para delitos como homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, además de la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Bullrich sostuvo que el objetivo era "dejar atrás la doctrina Zaffaroni" y poner fin a la denominada "puerta giratoria". Sin embargo, el texto nunca ingresó al Congreso y difícilmente sea debatido en febrero, debido a la complejidad política que implican este tipo de reformas.
Impuestos y reclamos provinciales
La reforma tributaria también quedó condicionada por el tratamiento del Presupuesto 2026. El Gobierno buscaba derogar leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario para ampliar su margen fiscal, pero la caída del capítulo XI frustró esos planes y expuso dificultades en el conteo de votos.
Si bien no hay en carpeta una reforma integral del sistema impositivo, la reforma laboral incluye un capítulo con cambios de fuerte impacto, que generaron críticas de los gobernadores, quienes reclaman compensaciones por la reducción de fondos coparticipables, una preocupación compartida por provincias como Catamarca.
Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos para algunos sectores, una baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este último se financiará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de destinarse al sistema previsional para conformar fondos individuales por empresa destinados a futuras indemnizaciones.
Estrategia parlamentaria y clima político
Este viernes, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada con la participación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el asesor presidencial Santiago Caputo, la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich, el presidente de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el secretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem.
Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria, aunque no hubo consenso sobre el alcance de las concesiones que podrían ofrecerse a las provincias para garantizar el respaldo al proyecto laboral.
En paralelo, la oposición busca reunir los votos necesarios para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado a la comisión bicameral, que aún no está constituida. Si no se trata en ese ámbito, a partir del 29 de enero cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto.
En Diputados, la oposición se acerca al quórum, aunque todavía necesita sumar voluntades. En el oficialismo, en cambio, confían en blindar el decreto en el Senado, lo que alcanzaría para que siga vigente.
