El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados dejó de ser funcional a su estrategia económica y fiscal. Aunque La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto en general durante la sesión especial realizada en la madrugada, en la Casa Rosada sostienen que la eliminación del Capítulo XI —el núcleo del esquema de ajuste— vulnera el principio de déficit cero que el Ejecutivo busca consolidar como eje central de su gestión.

Según explicaron fuentes oficiales, el capítulo rechazado incluía la derogación de leyes que el Gobierno considera incompatibles con el equilibrio fiscal, entre ellas la Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario. "Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto", afirmó una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo en diálogo con Infobae. Para el oficialismo, la modificación introducida en Diputados fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, un escenario que califican como inaceptable.

Desde la Casa Rosada subrayan que el debate excede lo técnico o reglamentario y se inscribe de lleno en una disputa política y económica de fondo: déficit versus superávit, y un modelo de gasto asociado al pasado frente a un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En ese sentido, los libertarios advierten que la vigencia de ambas leyes implica obligaciones de gasto que comprometen el equilibrio fiscal y desnaturalizan el mandato electoral con el que llegó Javier Milei a la Presidencia.

Con este panorama, el oficialismo deberá definir en las próximas semanas cuál será la estrategia legislativa a seguir. En algunos despachos del Poder Ejecutivo evalúan demorar el envío del proyecto al Senado e intentar postergar su tratamiento, a la espera de que primero avance la iniciativa de Modernización Laboral. Otra alternativa es impulsar una modificación exprés del texto para reincorporar el Capítulo XI, lo que obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Gobierno reconoce que no cuenta con los votos necesarios para insistir con su versión original.

La opción que gana fuerza por estas horas es la de vetar total o parcialmente el Presupuesto. "Solo Discapacidad representa cinco puntos del PBI", se limitan a señalar desde el Ejecutivo. Tal como adelantó Infobae, el Gobierno no está ejecutando los fondos previstos en la ley de Emergencia en Discapacidad ni en la de Financiamiento Universitario, amparándose en la ausencia de partidas presupuestarias. "Si se aprueba la ley, ya no hay excusas", reconocen en el oficialismo.

El Presupuesto fue aprobado en general con 132 votos afirmativos, en lo que representó un hecho político relevante para La Libertad Avanza: es la primera vez que el oficialismo logra media sanción de una iniciativa presupuestaria desde su llegada al poder. Además, marcó el debut de la nueva composición de la Cámara baja, donde el espacio libertario cuenta con 95 bancas propias y se consolida como primera minoría.

Antes del inicio de la sesión especial, tanto en la Casa Rosada como entre los negociadores parlamentarios del oficialismo predominaba el optimismo respecto a la aprobación general del proyecto y de la mayoría de sus artículos. La principal incógnita estaba puesta en el artículo 75, que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Ante ese escenario, los estrategas parlamentarios de La Libertad Avanza propusieron en la reunión de Labor Parlamentaria que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, con la expectativa de que la oposición se viera obligada a convalidar el Capítulo XI en su conjunto. Sin embargo, la maniobra no prosperó: el capítulo clave fue rechazado con 123 votos negativos, 117 afirmativos y dos abstenciones.

En el Gobierno responsabilizan a seis gobernadores por el resultado, en particular a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes habían anticipado que instruirían a sus diputados a votar contra el capítulo, pese a haber recibido importantes recursos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero el mayor malestar en la Casa Rosada está dirigido a tres mandatarios que cambiaron su postura a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). La decisión sorprendió incluso a los principales negociadores del oficialismo, ya que Zdero y Cornejo fueron aliados electorales de La Libertad Avanza en octubre, mientras que Figueroa había mantenido una relación política cordial con el espacio libertario durante la campaña.